Ayuntamiento de Vic con un cartel que pide libertad para los presos políticos.
Ayuntamiento de Vic con un cartel que pide libertad para los presos políticos. AJUNTAMENT DE VIC

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha descartado investigar a la alcaldesa de Vic y diputada en el Parlament, Anna Erra (PDeCAT), por la proclama independentista emitida por la megafonía del Ayuntamiento, al entender que difundir mensajes partidistas fuera de campaña electoral no es delito.

En un auto, el alto tribunal catalán acuerda no admitir a trámite la querella que un particular presentó contra la alcaldesa y diputada por la emisión de mensajes de apoyo a los presos por la megafonía del consistorio, lo que también fue investigado por la Fiscalía.

Las proclamas, que empezaron a emitirse cada tarde hasta la Diada del año pasado, advertían, tras un repique de campanas: "No normalicemos una situación de excepcionalidad y urgencia nacional. Recordemos cada día que aún hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo, la independencia de Cataluña".

En concreto, el mensaje reclamaba: "No normalicemos una situación de excepcionalidad y urgencia nacional. Recordemos cada día que hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo, la independencia de Cataluña".

En el auto, el TSJC considera que difundir mensajes por megafonía no compromete gasto público ni impone obligaciones o cargas específicas a los vecinos del municipio ni implica contratación alguna con la Corporación ni supone la difusión de un mensaje ilícito en sí mismo.

Por todo ello, no se percibe que conlleve "un resultado material injusto", como exige la jurisprudencia para configurar el delito de prevaricación. Asimismo, señala que "el contenido material del mensaje --como el del hecho de colgar un lazo amarillo o una pancarta reivindicativa en la balconada del Ayuntamiento? no puede considerarse delictivo por sí solo, por lo que tampoco puede decirse que implique arbitrariedad".

Para el tribunal, tampoco hay un delito de malversación de caudales públicos ya que "no se describe que la conducta denunciada haya supuesto la destrucción, la depreciación o la distracción de dichos medios de los fines públicos que están llamados a satisfacer".

En su escrito, la Sala recuerda que, fuera de los periodos electorales, en los que las administraciones están especialmente obligadas a la neutralidad y objetividad más absolutas, "se permite cierta discrecionalidad en la actuación pública".

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