Un vagón subido por una grúa el día después del accidente del Alvia en Angrois
Un vagón subido por una grúa el día después del accidente del Alvia en Angrois EUROPA PRESS - Archivo

Representantes del Defensor del Pueblo Europeo inspeccionaron el pasado 5 de julio el expediente que la Comisión Europea mantiene abierto a España por incumplimiento de la normativa en materia de seguridad ferroviaria.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor informa de este encuentro a la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia, ocurrido hace seis años en Angrois (Santiago), donde murieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas.

Y es que esta asociación reclama tener acceso a la documentación del expediente, que la Comisión le denegó con base en una excepción del reglamento europeo (con el objetivo de proteger el propósito de la auditoría).

En su comunicación, el Defensor del Pueblo Europeo señala que la reunión se produjo el pasado 5 de julio, viernes, entre un equipo de investigación de esta institución y tres representantes de la Comisión Europea (dos de la DG Move y uno de la secretaría general).

El equipo de investigación expuso el procedimiento de inspección e informó a los representantes de la Comisión sobre "las reglas de confidencialidad". Entre otras cuestiones quiso, con esta cita, "ver pruebas de que el procedimiento de infracción estaba aún en curso".

Así las cosas, el Defensor indica a la plataforma de víctimas del siniestro que el próximo mes de septiembre le informará "sobre el desarrollo del caso".

EXPEDIENTE A ESPAÑA

La Comisión Europea abrió un expediente sancionador contra España al considerar que sus procedimientos de control de la seguridad ferroviaria "no cumplen los requisitos" que exige la normativa comunitaria.

Bruselas ve "deficiencias" en la forma en que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "analiza e investiga los accidentes e incidentes", según informó en su día (en enero de este año) la institución comunitaria en un comunicado. También observaba problemas en "las técnicas de supervisión" por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

La apertura del expediente tuvo la forma de una carta de emplazamiento -primer paso en el procedimiento de infracción-, que Bruselas remitió al Gobierno para que en el plazo de dos meses aclarase la situación y ofreciese datos claros de las medidas correctivas que fuera a poner en marcha.

Esta decisión fue celebrada por la asociación de víctimas del accidente, que interpuso una demanda al respecto en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, y por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, quien facilitó la presencia de los afectados en las instituciones comunitarias y después acabó denunciando (en julio de 2017) el incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de seguridad ferroviaria.

Precisamente la Comisión Europea supervisó la aplicación de la normativa en España a finales de 2017 y principios de 2018. Ambas partes, tanto la plataforma como la representante del Bloque en Europa, hacen hincapié en que "si las normas no se cumplían a principios de 2018, menos en 2013", cuando se produjo el accidente de Angrois.

En el ámbito judicial, el juez mantiene investigados tanto al maquinista como al exjefe de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por 80 supuestos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, el primero por circular con un exceso de velocidad y el segundo por un análisis de riesgo deficiente en la línea.

REUNIÓN CON EL ALCALDE

En el contexto del sexto aniversario de la tragedia, que se cumplirá el miércoles de la semana que viene, una delegación de las víctimas será recibida este jueves por el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo.

La entrevista fue solicitada hace días por la plataforma, que pretende trasladar al nuevo regidor santiagués su malestar con el PSOE, que sienten que les ha "defraudado", en palabras del portavoz de la asociación, Jesús Domínguez.

Domínguez recuerda, en declaraciones a Europa Press, que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, les recibió y se comprometió, entre otras medidas, a favorecer la realización de una nueva investigación independiente, para sustituir a la que hizo hasta el momento la CIAF, que responsabiliza únicamente al maquinista.

"El PSOE nos ha tomado el pelo. Ábalos nos recibió y prometió entre otras cosas la investigación independiente, pero nos han defraudado", critica el portavoz de las víctimas.

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