El expresidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado este martes en su residencia de California (Estados Unidos), como parte de la petición de extradición realizada por las autoridades peruanas para procesarlo por presuntos actos de corrupción vinculados con Odebrecht, informó el Ministerio Público de Perú.

La extradición del expresidente entró así en su fase definitiva, al quedar formalmente a disposición de la Justicia estadounidense, que ahora decidirá si lo entrega a su país. La detención de Toledo dejó la libertad de quien gobernara Perú entre 2001 y 2006 en manos de jueces de California, que debatirán ahora si debe ser enviado a su país para afrontar las acusaciones de haber recibido hasta 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecerlo en sus negocios en Perú cuando él aún era presidente.

Hasta la fecha, Toledo era formalmente un "prófugo" de la Justicia peruana, que en febrero de 2017 ordenó su detención preventiva mientras era investigado por los supuestos sobornos que recibió de la constructora brasileña.

Desde ese momento, el exmandatario se refugió en su residencia californiana, cerca de la ciudad de San Francisco, sin ocultarse del ojo público pero alejado de las garras de la Justicia de su país, beneficiado del lento y minucioso trámite burocrático que requiere un proceso de extradición desde los EE UU.

De hecho, el pasado mes de marzo Toledo fue arrestado cerca de su domicilio por un caso de embriaguez pública y no pasó más que una noche en el calabozo de una comisaría, un caso que el expresidente calificó de "complot" y que negó hasta que las autoridades confirmaron el hecho.

Sin embargo, esta detención sí implica que finalmente los trámites de extradición culminaron y que la Justicia de EE.UU asumió, entre otras cosas, que hay causa probable de que Toledo hubiera cometido actos ilícitos reconocidos como tales en su jurisdicción, entre otros aspectos.

El próximo viernes 19 el mismo tribunal federal de California que este martes ordenó mantener en prisión al exmandatario analizará si el proceso de extradición se seguirá con el expresidente preso o en libertad bajo fianza.

Lo más probable es que a principios de la semana próxima otro tribunal analice un pedido de hábeas corpus, que el expresidente está habilitado a presentar si cree que sus derechos han sido vulnerados.

Luego habrá que esperar una resolución sobre si Toledo regresará a Perú o no que, según valoró el ministro de Justicia de Perú, Vicente Zeballos, tardará "alrededor de un año". "Este es un procedimiento que está siguiendo el proceso regular, primero ha llegado al Departamento de Estado, luego al de Justicia, y ahora está en el fuero ordinario de la justicia norteamericana", indicó el ministro.

Toledo siempre ha defendido que las acusaciones en su contra son falsas, fruto de la "persecución política" que sufre por parte de sus "enemigos", aun cuando cada vez se corroboran más pruebas que apuntan a que este recibió grandes cantidades de dinero de Odebrecht y utilizó mecanismos de blanqueo de dinero para ocultar su origen.

Así, fue el propio responsable de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien primero confesó a la fiscalía que la empresa pagó entre 2004 y 2010 millones de dólares a Toledo a cambio de favores como la adjudicación de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur durante su gestión.

Ese dinero se entregó a su antiguo amigo y supuesto testaferro, el empresario Josef Maiman, quien también ha confesado a la Justicia peruana que ayudó a blanquear las coimas y que Toledo recibió hasta 35 millones de dólares de Odebrecht, corroborando los dichos de Barata. Tanto Barata como Maiman han llegado a acuerdos de colaboración eficaz (delación premiada) con la Fiscalía de Perú.

El escándalo de corrupción generalizada que Odebrecht desarrolló en Perú ha afectado a gran parte de la elite política del país.

A Toledo, ahora detenido, se suman Ollanta Humala (2011-2016), quien pasó nueve meses en prisión preventiva y sobre el que pesa una petición de 20 años de cárcel, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien fue forzado a dimitir por sus relaciones con la empresa brasileña y que hoy se encuentra en arresto domiciliario en Lima.

Así mismo afectó a Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en abril de un disparo en la cabeza cuando iba a ser arrestado en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato; y a Keiko Fujimori, líder de la oposición que cumple prisión preventiva desde octubre pasado.