El PP recurre ante el Constitucional la ley vasca de abusos policiales

Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, en una imagen de archivo.
Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, en una imagen de archivo.
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Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, en una imagen de archivo.

El PP ha presentado este lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la llamada ley vasca de víctimas de abusos policiales, una norma que este partido tacha de "aberración jurídica" y "grave error político" pero, sobre todo, un "insulto moral" a las víctimas del terrorismo que debe corregirse.

Son calificativos empleados por el portavoz del grupo popular en el Senado, Ignacio Cosidó, al explicar en rueda de prensa esta iniciativa tramitada con la firma de los senadores del PP y que recoge demandas de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, con cuyos representantes sindicales y asociativos se ha reunido después para detallarles el contenido del recurso.

Cosidó, que fue director general de la Policía entre 2012 y 2016, se ha referido en muy duros términos a esta ley aprobada en abril por el Parlamento Vasco con los votos a favor de los socialistas vascos y del PNV para modificar una norma anterior sobre abusos policiales que había sido recurrida por el anterior Gobierno del PP.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez retiró hace un año ese recurso de constitucionalidad, algo que el portavoz del PP atribuye claramente al "peaje" pagado a los nacionalistas vascos para lograr su apoyo en la moción de censura.

En las 62 páginas del documento registrado hoy en el Tribunal Constitucional los senadores del PP recurren cuatro de los cinco artículos de la llamada "Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999".

Se trata de una "aberración jurídica", en palabras de Cosidó, porque una vulneración de derechos debe ser reconocida por los tribunales de justicia, y no por un órgano de la Administración, como plantea esta ley, que además vulnera a su juicio la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el derecho al honor e incluso la normativa sobre protección de datos.

Entiende el PP que también arremete contra la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

El "error político" lo ve Cosidó en el hecho de que haga una "equiparación repulsiva" de la acción terrorista con la lucha "encomiable" de policías y guardias civiles contra ETA y que considere que España no es un Estado de Derecho porque se cometen violaciones de los derechos humanos cuyas víctimas no están reconocidas, algo que el grupo popular considera "inadmisible".

La "Comisión de la Verdad" recogida en la ley vasca es objeto también de reproche constitucional para el PP, al entender que este órgano no hace más que "reforzar" el relato de los terroristas de ETA y además es "contraproducente" para la legitimidad de los agentes que han perseguido el terrorismo.

Sostiene igualmente el grupo popular que la norma "insulta" a las víctimas del terrorismo, y por ello Ignacio Cosidó afirma que "aunque solo fuera por este único motivo" el recuso al Constitucional es necesario para darles "reparación moral" ante el "agravio" e "infamia" del contenido de la ley.

Ignacio Cosidó ha subrayado que los principales sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil con cuyos representantes se ha reunido en el Senado comparten las críticas y ha hecho notar que el PP también les apoya en otras reivindicaciones, como la equiparación salarial que el Gobierno del PP pactó en su día y que a su juicio el PSOE no ha culminado.

En este punto, ha aludido a la "incertidumbre" que la situación ha creado entre los agentes y ha dicho que reclamará al Ministerio del Interior la auditoría que este Departamento ya tiene en sus manos sobre el grado de cumplimiento de la equiparación y que el Gobierno no quiere facilitar.

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