El conseller de Interior, Miquel Buch, se ha desentendido este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de la cesión y apertura de locales del 1-O en Premià de Mar (Barcelona) cuando era alcalde de esta localidad y ha alegado que su apoyo al referéndum fue meramente político.

Según han informado fuentes judiciales, Buch ha comparecido durante unos 25 minutos ante el magistrado del alto tribunal catalán Jordi Seguí como investigado por los delitos de desobediencia y prevaricación por ceder supuestamente locales de titularidad municipal para celebrar el 1-O en Premià de Mar cuando era alcalde de este municipio.

Buch, junto a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras, ya prestó declaración como investigado en septiembre último por promover el referéndum del 1-O entre los alcaldes cuando lideraba la Asociación Catalana de Municipios (ACM), en una causa que le archivó el TSJC.

No obstante, a petición de la Fiscalía, el alto tribunal catalán acordó volver a imputarle por facilitar presuntamente la organización del referéndum del 1-O en su municipio como alcalde de Premià, cargo que dejó cuando fue nombrado conseller.

Según ha aducido Buch ante el juez, el apoyo que dio al 1-O fue exclusivamente político y se limitó a la firma, el 7 de septiembre de 2017, de un decreto de alcaldía por el que el Ayuntamiento se ponía a disposición de la organización del referéndum, horas antes de que la votación fuera suspendida por el Tribunal Constitucional.

El propio secretario del Ayuntamiento, han apuntado fuentes jurídicas, se negó a firmar dicho decreto de alcaldía, argumentando que no estaba amparado en ningún informe jurídico que valorara su legalidad.

Respecto a los tres locales municipales que albergaron urnas -un polideportivo, la biblioteca y el llamado "edificio del Gas"-, Buch ha eludido cualquier responsabilidad y ha señalado que ignora quién facilitó las llaves: de hecho, su defensa ha aportado un certificado del secretario del consistorio que prueba que estaban a disposición de varias personas.

En declaraciones a los periodistas, Buch ha explicado que, precisamente, ha dicho al juez que las llaves de estos locales municipales las tenía "mucha gente", como asociaciones de padres y madres, servicios de mantenimiento y limpieza y la dirección de los centros, y que antes del 1-O muchos ciudadanos organizaron fiestas en su interior para que permanecieran abiertos todo el fin de semana.

En esta línea, Buch ha expuesto ante el juez el contenido de un certificado de la secretaria municipal, que figura en el sumario, que resalta que no consta ninguna resolución o acuerdo dictado por el alcalde "encaminado a facilitar la apertura de los locales en que se celebró el referéndum ilegal".

"Fue la sociedad la que se movilizó para tener las escuelas abiertas para poder votar el 1-O. Ello significa, una vez más, que no fue una locura de los diputados del Parlament, ni del Govern ni de los alcaldes, sino que fue la sociedad catalana la que quiso participar en el referéndum", ha subrayado Buch ante los medios.

A preguntas de la Fiscalía, el conseller se ha desvinculado también de los carteles de publicidad del referéndum que se colgaron en su municipio -una propaganda que el ministerio público había instado a los cuerpos policiales a retirar de las calles- y ha negado que desde la alcaldía diera instrucción alguna a la policía local de Premià sobre cómo debían actuar ante el 1-O.

El conseller fue uno de los numerosos cargos políticos que intervino en el mitin de Tarragona con el que el soberanismo abrió la campaña del referéndum del 1-O pero, preguntado por la Fiscalía sobre ese papel, se ha escudado en que en el acto participó como presidente de la ACM, no como alcalde.

Buch se cuenta entre la media docena de alcaldes a quienes la Fiscalía ha llevado a la justicia por el apoyo municipal al 1-O, a raíz de la instrucción que en vísperas del referéndum dictó el entonces fiscal general José Manuel Maza, que instaba a investigar a cerca de 700 ediles soberanistas.

La mayor parte de las investigaciones a alcaldes han sido archivadas, en ocasiones por orden judicial y en otras por acuerdo de la propia Fiscalía, con argumentos similares a los que hoy ha esgrimido Buch: que no hay prueba de quién abrió los locales de votación y que los decretos de alcaldía eran declaraciones de estricto contenido político.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el resto de miembros de su Govern han arropado a Buch a su llegada al Palau de Justícia, edificio donde se ubica el TSJC, y le han acompañado a las 9.30 horas en un recorrido desde la confluencia del paseo Lluís Companys con Pujades.

El conseller, que ha entrado acompañado por su mujer, también ha estado arropado por el presidente de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), David Saldoni, y el secretario del Govern, Víctor Cullell.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha denunciado que la declaración de este martes del titular de Interior ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) es una prueba de que, a su juicio, "la represión continúa".

La citación de Buch ha obligado a modificar la hora habitual de inicio de la reunión del Govern de cada martes, según ha explicado Budó en la rueda de prensa posterior.

Para la portavoz, la declaración de Buch -citado por su papel en el 1-O antes de ser conseller, cuando era alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipios- es "una muestra mas de que la represión continúa".

La consellera ha expresado el apoyo del Govern no solo al conseller sino a todas las personas que "sufren de manera injusta esta represión".

Ha aludido en este punto a los investigados por el Juzgado número 13 de Barcelona, a la investigación del TSJC sobre el president, Quim Torra, por la pancarta del lazo amarillo, a los "espiados" por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y a los presos y "exiliados".