Así lo han explicado en un comunicado este viernes, frente al paro de la ejecutividad de las obras previas dictado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), para reclamar a la Generalitat que responda a los requerimientos sobre el Estudio Informativo y de Impacto Ambiental.

Además, la GIG ha insistido que una posible paralización 'sine die' puede afectar negativamente a la calidad de vida de los vecinos y a la competitividad económica del sur de la Costa Brava.