Audiencia Nacional
Sede de la Audiencia Nacional, en Madrid. EUROPA PRESS

La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a los dos presuntos yihadistas de Ceuta juzgados de nuevo esta semana por orden del Supremo, que revocó sus condenas a 17 años de cárcel, al entender que la declaración del testigo protegido en la que se basó la sentencia no tuvo las suficientes garantías para las defensas.

La sección tercera de lo Penal ha adoptado esta decisión en sendos autos al considerar que no "resulta imprescindible la medida cautelar de privación de libertad" que pesaba sobre ellos, mientras esperan a que se dicte la nueva sentencia, si bien les ha puesto a ambos otras medidas cautelares: entregar el pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado más próximo a su domicilio, entre otras.

Los dos acusados -Abdelilah Chellaf Baali, alias Stilike, de 37 años y nacido en Marruecos, e Icham Abdeselam Mohamed, de 36 años y nacido en Ceuta- han sido juzgados esta semana ante un tribunal de la Audiencia Nacional distinto al que dictó la sentencia revocada, y la Fiscalía ha pedido para ellos 24 años de cárcel por integración en organización terrorista, depósito de armas de guerra con fines terroristas y autoadoctrinamiento terrorista.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los dos sospechosos, de 38 años, formaron parte desde 2011 hasta su detención en enero de 2017 de un "grupo permanente al que se limitaba la asistencia de terceros y que se reunía en la más estricta confidencialidad en la zona de Arcos Quebrados, en Ceuta, para tratar temas de yihad islámica".

Aprovechaban esos encuentros, señala el fiscal, para "llevar a cabo la radicalización en los postulados más extremistas del salafismo, exhibiendo vídeos y haciendo escuchar cánticos yihadistas, además de proferir consignas de exaltación de acciones terroristas suicidas cometidas por comandos armados" del Estado Islámico (DAESH o ISIS), "al objeto de incitar a los asistentes a la comisión de acciones similares".

El Ministerio Público les acusa de un delito de integración en organización terrorista y otro de depósito de armas por los que pide 20 años de prisión para cada acusado, 10 años por cada delito. En caso de que el tribunal no aprecie prueba suficiente para condenar por integración en organización terrorista, plantea la alternativa de colaboración por el que solicita 8 años de cárcel y 9.000 euros de multa para cada uno.