Los expertos que trataron el caso de Meirás ven la demanda "bien fundamentada" y con "razonables posibilidades de éxito"

  • SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)
Pazo de Meirás (Sada)
Pazo de Meirás (Sada)
EUROPA PRESS - Archivo
Pazo de Meirás (Sada)

Dos comisiones de expertos analizaron en su día las posibilidades de recuperar el Pazo de Meirás para el patrimonio público: una impulsada por el Parlamento de Galicia y otra por la Diputación de A Coruña. Varios de los miembros que participaron en estos grupos de trabajo han valorado este jueves la demanda presentada por el Gobierno central contra los Franco y han considerado, desde la prudencia, que cuenta con "razonables posibilidades de éxito".

La primera comisión se constituyó a finales de noviembre de 2017, estaba presidida por el profesor Xosé Manoel Núñez Seixas y estaba conformada por 11 miembros procedentes del mundo académico, jurídico y patrimonial.

En declaraciones a Europa Press, Núñez Seixas ha trasladado su "profunda satisfacción" por el trabajo "bien hecho" en el marco de este grupo de trabajo designado por la Cámara gallega, incidiendo en que existe "un amplio consenso social" de que este inmueble debe ser patrimonio público.

"Todo indica que está bien fundamentada y con razonables posibilidades de éxito", ha considerado el docente de la USC, quien ha matizado que el asunto está ahora "en manos de los tribunales", que "tienen sus ritmos, tiempos y lógicas".

En el marco de esta comisión de trabajo, ha recordado, los distintos miembros expusieron toda clase de antecedentes y documentación que iban en la línea de argumentación de que el Pazo funcionaba "a todos los efectos" como Jefatura del Estado.

A su vez, constataron que "faltaba una evidencia documental" sobre la transacción del inmueble, que había desaparecido de los archivos de la Diputación provincial.

Este documento ha sido hallado y localizado por parte del equipo de la Abogacía del Estado, que ha asentado su demanda en "dos pilares": el argumento de la nulidad documental y de la compra "simulada" por parte del dictador y que el Pazo se utilizó como sede de la Jefatura de Estado.

TESIS GALLEGA

La estrategia jurídica planteada por el Gobierno del Estado coincide, además, por la defendida por el Ayuntamiento de Sada en el seno de la comisión de expertos, que dio lugar a un informe jurídico que ha servido de base para la demanda presentada en los juzgados de A Coruña por la Abogacía del Estado.

El Gobierno local ha avanzado, además que en el primer pleno ordinario de la corporación se llevará como uno de los puntos del día el personamiento del Ayuntamiento a la demanda civil, del mismo modo que ha instado a la Xunta hacer lo propio.

El alcalde del municipio, Benito Portela, ha considerado que el proceso llegará "a buen puerto", siempre "desde la cautela" de los procesos judiciales. En este sentido, ha confiado que la demanda sea admitida a trámite y "se resuelva muy favorablemente para los intereses de la ciudadanía".

Otro de los informes elaborados en Galicia ha sido encargado por parte de la Diputación de A Coruña, que este jueves ha insistido en que la demanda del Gobierno coincide con las tesis defendidas en la investigación realizada en Galicia.

El organismo provincial promovió a su vez la constitución de la Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás y ha aplaudido que los trabajos realizados permitiesen "marcar el camino" para recuperar el inmueble.

RECUPERAR EL PATRIMONIO

Por otro lado, las entidades en materia de memoria histórica han agradecido la iniciativa ejercida por el Gobierno central. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña ha destacado que esta demanda "ratifica" que los trabajos se han realizado "correctamente", tanto por parte del informe de expertos encargado por la Diputación como del grupo de trabajo del Parlamento, por lo que ha confiado en que este camino lleve "a la inevitable devolución" del Pazo.

La Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica ha pedido, por su parte, que la posible recuperación del inmueble sea "el primer paso" para "terminar por el expolio" que la familia Franco ha llevado a cabo a través de la "corrupción política y económica" y del "botín de guerra" obtenido mediante los "efectos del terror".

La entidad denunció ante la Fiscalía que casi la totalidad de los 30.000 documentos del archivo de la Fundación Franco pertenecen al Estado y ha pedido que se extienda la investigación a la Fundación Generalísimo, que utilizaba escuelas taller para "traficar con patrimonio nacional".

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