El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha decidido este jueves aumentar levemente la presión sobre Filipinas por los excesos de su guerra contra las drogas y ha aprobado una resolución que encarga a la alta comisionada Michelle Bachelet que su oficina haga un seguimiento de la situación y prepare un informe al respecto.
La iniciativa fue de Islandia, a la que secundaron la Unión Europea y países latinoamericanos, todos ellos preocupados por la continuación de las ejecuciones extrajudiciales en redadas antidrogas y la impunidad que las rodea.
Filipinas ha reaccionado con agresividad a esta resolución, que considera "políticamente motivada" y basada en informaciones falsas, y ya ha adelantado que la ignorará, aunque no ha dado el paso de abandonar el Consejo de Derechos Humanos como habría contemplado, según ha dado a entender su delegado.
El Gobierno filipino ha amenazado con "consecuencias de largo alcance" a la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. "No toleraremos ninguna forma de falta de respeto o actos de mala fe", ha sentenciado en un comunicado el ministro filipino de Asuntos Exteriores, Teodoro Locsin, quien ha acusado a los dieciocho países que votaron a favor de ser los "peores enemigos" de Filipinas o "falsos amigos".
Locsin ha señalado que la resolución, que rechazaron catorce países, mientras quince se abstuvieron, no ha sido "adoptada universalmente", por lo que su validez es "altamente cuestionable"
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