El Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado una demanda contra la familia Franco en los juzgados de A Coruña para reclamar la devolución del Pazo de Meirás. Así lo ha han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia. En concreto, ha sido presentada este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña para reclamar la devolución de esta propiedad para el patrimonio público.

Según publica 'El País', la Abogacía del Estado se basa en un documento datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante notario en el despacho del gobernador civil. En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después a Franco, fue "fraudulento" porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado este mismo jueves sobre la reclamación a la familia del dictador. En una entrevista a RTVE, recogida por Europa Press, Sánchez ha justificado la acción del Ejecutivo en funciones en que los Franco "actuaron contra derecho", y que el objetivo del Gobierno central es recuperar la propiedad del inmueble para que pase a ser un bien público. "Así de claro", ha zanjado.

El pasado mes de junio, todos los grupos de la Cámara gallega aprobaron por unanimidad instar a la Xunta a reclamar al Gobierno del Estado a iniciar "de manera urgente" las acciones legales "pertinentes" para la recuperación del Pazo de Meirás. La iniciativa, presentada por el BNG y defendida por Luís Bará, se iniciaba recordando que se trataba del segundo acuerdo parlamentario adoptado en estos términos (tras el texto alcanzado por unanimidad en julio de 2018) exigiendo al Estado medidas para iniciar la recuperación del inmueble para el patrimonio.

Una de las críticas trasladadas por los grupos políticos se refería al uso de este Pazo, catalogado como Bien de Interés Cultural, para "hacer apología de la dictadura franquista" y de la figura del propio Franco.

El pasado mes de octubre el Gobierno central encargó un informe jurídico sobre la situación del Pazo de Meirás para estudiar la fórmula adecuada para devolverlo a la ciudadanía, con todas las garantías, y evitando que puedan prosperar posibles reclamaciones de la familia Franco.

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, mantuvo un encuentro con la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, a la que ha trasladado el compromiso e interés del Ejecutivo en la recuperación del Pazo de Meirás, más allá de las acciones desarrolladas desde la Diputación de A Coruña y del acuerdo del Parlamento de Galicia.

Losada ha explicado a los responsables de la Comisión la intención del Gobierno de actuar "con la máxima cautela y todas las garantías jurídicas" en materia de recuperación de la memoria histórica.

Dos comisiones de expertos se encargaron de analizar el proceso, desde Galicia, y las posibilidades de recuperar este inmueble para el patrimonio público. La primera estaba presidida por el profesor Xosé Manoel Núñez Seixas y entre sus miembros se encontraban el profesor de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela Emilio Grandío Seoane y el de Derecho Civil de la Universidade de A Coruña José Manuel Busto Lago. Formado por 11 miembros -del mundo académico, jurídico y patrimonial- se constituyó a finales de noviembre de 2017.

La segunda acción consistió en un informe jurídico sobre el Pazo de Meirás, encargado por la Diputación de A Coruña, que concluyó con que hubo una "venta simulada" de este inmueble a Francisco Franco, apostando por acudir a los tribunales para recuperarlo, toda vez que este hecho avala la "nulidad" de este contrato.

El viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, ha exigido este jueves a la Xunta de Galicia que se sume a la demanda presentada por el Gobierno en los juzgados de A Coruña para la devolución del pazo de Meirás.

El grupo ha registrado esta mañana una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a que "se incorpore como parte interesada en este proceso judicial como co-demandante". Entienden que la Xunta debe dar este paso "por ser la administración que custodia" el Bien de Interés Cultural (BIC) como está catalogado el Pazo.