La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha anunciado este jueves que el Gobierno revisará al alza la previsión de crecimiento del PIB para este año, situada actualmente en el 2,2%, en el próximo cuadro macroeconómico.

Calviño, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, no ha precisado en cuántas décimas se elevará la previsión, aunque sí ha dicho que se hará "en línea" con las revisiones realizadas por otros organismos. "La tendencia y la previsión es revisar al alza", ha apuntado la ministra, que ha recordado que ayer la Comisión Europea revisó dos décimas al alza, hasta el 2,3%, su previsión de crecimiento para España en 2019.

Sobre los planes del Gobierno socialista acerca de la reforma laboral de 2012, la ministra ha pedido "mirar hacia el futuro" y no dedicar "toda la energía política a tejer y destejer" reformas. "Revertir la reforma laboral no va a mejorar las condiciones laborales de los chicos que están trabajando para Deliveroo o Glovo", ha dicho la ministra, que ha subrayado que lo que se necesita es un Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI.

Calviño también ha a propuesto que los bancos paguen por las reclamaciones que se interponga contra ellos ante la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, ya que, a su juicio, ayudaría a financiar este nuevo organismo y generaría un potente incentivo para que las entidades resolviesen los problemas con los usuarios en su propio seno.

Así lo ha indicado después de que el diario 'Cinco Días' adelantase que el borrador del anteproyecto de ley que regulará la nueva Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero contempla cobrar a los bancos una tasa de 200 euros por cada reclamación que reciban.

La ministra de Economía ha lamentado que la creación de dicha autoridad es el único proyecto normativo que el Gobierno no ha podido sacar adelante en el último año porque "no ha habido tiempo". "Lo que hemos visto en estos años es que los sistemas de reclamaciones de los bancos y luego tener que ir a la Justicia hacen que los procesos de reclamación sean muy largos y costosos", ha explicado.

En la misma línea, Calviño ha incidido en que los mecanismos de supervisión del Banco de España y la CNMV no son vinculantes y, por tanto, no obligan a cumplir sus resoluciones. "Esto limita la efectividad de los sistemas, y yo creo que todos los ciudadanos sienten que es necesario este refuerzo de su protección en el ámbito financiero", ha señalado.

De esta manera, la ministra ha indicado que la creación de esta Autoridad de Protección del Cliente Financiero es una de las primeras iniciativas que le gustaría lanzar en la nueva legislatura. La idea es que este órgano sea gratuito para los consumidores, por lo que el Ejecutivo todavía estudia cómo se financiará. "Tendremos que ver cómo se financia. Si se establece un pago a los bancos, eso también genera un incentivo muy potente para que los bancos resuelvan los problemas y las reclamaciones en su propio seno y no tengamos que llegar a esta Autoridad de Protección del Cliente Financiero", ha explicado Calviño, quien en ningún momento se ha referido al importe a cobrar.

La intención del Gobierno es que la Autoridad de Protección del Cliente Financiero pueda emitir dictámenes vinculantes para las entidades financieras y sea gratuita para los usuarios, quienes no necesitarán abogado ni procurador para verse amparados por ella.