El pasado 1 de julio, agentes pertenecientes al Equipo Roca y Policía Judicial de La Almunia de Doña Godina, que se encontraban prestando servicio por la localidad de Épila, observaron en el interior de una pequeña parcela, ubicada en la zona de los Cabezos, un caballo extremadamente delgado, desnutrido, con signos de abandono, sin agua ni comida y rodeado de excrementos y basura.

Tras acceder al interior para verificar si existían más animales en dicho estado, los agentes hallaron dos perros fallecidos, no localizando ningún tipo de comida o agua con la que pudiesen haberse alimentado.

Por todo ello se dio aviso al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Tarazona y a personal veterinario de la Oficina Comarcal Agroalimentaria (OCA), que se personaron en el lugar el martes 2 de julio.

Una vez allí, se observó que el caballo blanco localizado el día anterior no se hallaba en la parcela, sino que había otro de color marrón. Tras la lectura del microchip a los animales, uno de los canes fallecidos dio resultado positivo, tratándose de un perro de raza Presa Canario, que no figuraba en la base de datos como sustraído, desaparecido o dado de baja.

UN JOVEN DE 26 AÑOS

Con los datos obtenidos la Guardia Civil localizó a su propietario, un joven de 26 años y nacionalidad española que residía a escasos metros del terreno inspeccionado. Esta persona comunicó a los agentes que ese lugar no era de su propiedad y que lo utilizaba para albergar a sus animales.

Tras preguntarle sobre el caballo blanco que se localizó el día anterior, el joven informó que lo había vendido hace unos días y no se encontraba ya en la localidad, solicitándole el SEPRONA la documentación relativa al traslado del equino, instante en el que afirmó que lo dicho no era cierto y que lo tenía en un lugar próximo, donde se trasladaron para verificar el estado del mismo.

Del examen realizado se determinó que el caballo se encontraba en muy malas condiciones y con claros síntomas de inanición. Por todo ello, esta persona fue detenida como presunto autor de delitos de maltrato animal, además de haberse interpuesto 21 infracciones administrativas, siendo 20 de ellas a la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal y una a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.