La institución se ha expresado así después de recibir las quejas de afectados por las carencias que padecen como la inexistencia de la unidad, la negativa de la administración sanitaria a derivar a pacientes fuera de la Comunidad, la "falta de empatía" de algunos profesionales derivada en muchos casos de su "desconocimiento" de estas patologías, así como aspectos negativos de las mismas en el ámbito social y profesional.

También en las quejas se han puesto de relieve otras consecuencias como las derivadas de la falta de adaptación de las condiciones laborales en determinados puestos de trabajo, así como la especial prevalencia de estas patologías en el colectivo femenino.

El Procurador, en un comunicado recogido por Europa Press, ha incidido en que las personas que padecen estas dolencias crónicas tienen que convivir con la "incomprensión social y laboral" en muchos casos y con la "falta de conocimiento", en ocasiones, de quienes deben darles una solución a sus problemas.

Una vez admitidas las quejas a trámite y solicitada la información a la Consejería de Sanidad, se hace constar que para el diagnóstico de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica se sigue el Protocolo Asistencial Integrado 'Fibromialgia' elaborado por un equipo multidisciplinar y de ambos niveles asistenciales y que se han realizado cursos, guías o jornadas, elaborado documentos informativos.

Además, se indica que "en la actualidad" se revisa tanto el proceso asistencial como la guía asistencial de la historia clínica Medora de acuerdo con la evidencia científica y las recomendaciones de las sociedades científicas y, además, que está previsto dentro del Plan de Formación Continuada de este año la realización de actividades formativas en todas la áreas de salud.

EJEMPLO DE OTRAS CCAA

Más allá de la información, el Procurador del Común ha detectado que hay comunidades autónomas pioneras no sólo en la asistencia médica de este tipo de pacientes, sino en la propia regulación de la misma, y ha puesto como ejemplo de ello Cataluña o País Vasco, con unidades médicas específicas desde hace más de un decenio y normativa "muy avanzada" respecto del resto del territorio nacional.

La institución entiende que esta circunstancia debe ser un "acicate" para que Castilla y León intente dotarse de recursos sanitarios, sociales y "de toda índole" que pongan a sus ciudadanos en pie de igualdad con los pacientes de otras comunidades.

Por esa razón, y a la vista de lo que otras comunidades tienen implantado el Procurador del Común, ha instado a la Consejería de Sanidad a que realice diferentes actuaciones, la primera de ella la creación de una unidad de referencia en Castilla y León dotada, como mínimo, de las especialidades de endocrinología, reumatología, traumatología y psicología, pero mientras tanto proceda a la derivación de los pacientes con diagnósticos claros a unidades de referencia fuera de la Comunidad Autónoma.

Por otro lado, insta a la Junta a la formación de los profesionales sanitarios en orden a su sensibilización respecto de este tipo de pacientes y evitar de forma "sistemática" la derivación a Servicios de Psiquiatría; y también la pide agilizar, por un lado, los sistemas de diagnóstico y adopción de medidas para evitar la superposición de tratamientos y, por otro, de las listas de espera en las diversas especialidades que tratan estas dolencias.

Asimismo, considera necesaria la coordinación de los recursos de Atención Primaria y Especializada en este ámbito, la adopción de medidas eficaces para la corrección de factores de riesgo asociados a cuestiones de género y para la integración social y la promoción de la autonomía personal, actualizando la valoración y reconocimiento de la situación de discapacidad, dependencia e incapacidad mediante la adecuada formación de los órganos valoradores y adaptación de los baremos.

El Procurador también incide en que hay que adecuar los puestos de trabajo o contemplar la posibilidad de cambios de puesto, así como la pertinente aplicación del artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que regula la protección de determinados trabajadores sensibles a ciertos riesgos.

Finalmente, aboga por un mayor reconocimiento y valoración del impacto de la labor desarrollada por las asociaciones en la mejora de la salud de las personas afectadas e incentivación de aquella mediante ayudas económicas Que se agilice la anunciada revisión del proceso asistencial y de la guía asistencial de la Historia Clínica Medora.