En concreto, la organización profesional agraria pide al SACyL (Sanidad Castilla y León) que los equipos de Atención Primaria y Urgencias, a los que llegan por primera vez los posibles casos, estén informados de manera conveniente sobre este nuevo pico de tularemia, para que diagnostiquen sin demora la enfermedad, y en el caso de que los afectados sean agricultores y ganaderos simplifiquen el proceso burocrático que supone la gestión de la incapacidad temporal por enfermedad profesional.

Hay que recordar que, dado que los animales infectados y transmisores ocupan el entorno en el que se desarrolla la actividad agroganadera, la tularemia está considerada enfermedad profesional y está recogida en el Real Decreto 1299/2006 dentro del "grupo de enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos -enfermedad infecciosa o parasitaria transmitida al hombre por los animales o sus productos y cadáveres- hallándose incluidos los agricultores y ganaderos".

La gestión de las enfermedades profesionales puede ser asumida por una Mutua o por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, quienes determinarán si es una enfermedad profesional o no, si bien la calificación de las enfermedades profesionales corresponde en última instancia a éste, como señala en un comunicado remitido a Europa Press.

"El papel del médico de familia es fundamental a la hora de reconocer y derivar a estos organismos a los trabajadores con sospecha de estas patologías", subraya, tras lo que recalca la "necesidad" de "una mayor formación" de los profesionales de atención primaria, que les permita diagnosticar la tularemia como enfermedad profesional y coordinarse con el INSS.

Así, los agricultores y ganaderos afectados "podrán obtener todos los beneficios del sistema de protección público", tales como la gratuidad de la atención farmacéutica y otras prestaciones complementarias, dado que la tularemia precisa de un tratamiento relativamente largo.

Por ello, Asaja se aconseja a los agricultores y ganaderos que se aseguren de que se indica en el correspondiente parte de baja que se cataloga como "enfermedad profesional", y que, en caso de duda, acudan a las oficinas de las organizaciones agrarias para que se presenten las alegaciones o recursos correspondientes.