La Guardia Civil se está personando este martes en algunos departamentos de la Generalitat para reclamar varios expedientes administrativos vinculados con la logística del 1-O.

Lo hacen en cumplimiento de la orden de la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O, que ofició al Instituto Armado a personarse en varios departamentos para reclamar documentación requerida por la Fiscalía.

En concreto, el juzgado acordó reclamar documentación a la Conselleria de Presidencia; a la de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia; la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, así como a la Intervención General y al Gabinete Jurídico Central.

La jueza acordó reclamar expedientes administrativos como el de la contratación del evolutivo de la aplicación del registro de catalanes en el exterior, o el de la contratación del evolutivo de la aplicación 'Connecta't al voluntariat'.

La magistrada también citó a declarar como investigado al delegado del Govern de la Generalitat de Catalunya en Suiza, Manuel Manonelles, para el viernes 19 de julio a las 10 horas.

Según un auto, la juez Alejandra Gil también cita ese día a otros procesados en la causa: Aleix Villatoro, Marta Garsaball y Rosa Vidal, para que den explicaciones en relación a un expediente de contratación mediante la delegación en Ginebra de la Generalitat.

El nuevo requerimiento de información lo acordó la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, por orden de la Fiscalía, en el marco de la causa en la que ha procesado a una treintena de personas, entre ellas numerosos exaltos cargos del Gobierno de Carles Puigdemont, por su papel en la organización del 1-O.

La juez ordenó a los agentes acudir a las sedes de la Generalitat citadas de forma que, "en el acto", se les facilite la información requerida, en su mayoría expedientes administrativos con los que la Fiscalía pretende demostrar el uso de fondos públicos para financiar el referéndum.

Concretamente, la Guardia Civil tiene orden de requerir al Departamento de Presidencia siete expedientes relativos a la contratación de la publicidad del Registro de Catalanes en el exterior y del anuncio del 1-O, así como de la distribución postal encargada a Unipost y de la adjudicación de los proyectos de reforma del CTTI, centro que albergó la logística informática del referéndum.

En el Departamento de Acción Exterior, la Guardia Civil busca las facturas de los pagos de la delegación del Govern en Ginebra a The Hague Center for Strategic Studies (HCSS), que la juez sospecha corresponde a los gastos de traslado y alojamiento de los observadores internacionales del 1-O.

Los agentes deben acudir también al Departamento de Trabajo para pedir un expediente administrativo relacionado con una aplicación informática que las acusaciones creen que se creó para recabar voluntarios para el 1-O.

En la Intervención General de la Generalitat, la juez quiere hacerse con la certificación de una factura del Departamento de Trabajo a nombre de Pau Raventós, ex director general de la empresa Unipost a la que presuntamente se encargó la distribución postal del referéndum.

Asimismo, en el Gabinete Jurídico Central, la Guardia Civil debe hacerse con la copia certificada de sendas resoluciones firmadas por el exsecretario de Presidencia Josep Maria Jové con los nombramientos de los responsables del Registro de Participación en Consultas Populares.