El caso Villarejo cumple dos años convertido en macrocausa: Casi 50 imputados, 1
El empresario y excomisario José Manuel Villarejo. EUROPA PRESS - Archivo

La Fiscalía ha pedido retirar el pasaporte y prohibir salir de España a José Villarejo Gil, hijo del excomisario, para el que también ha reclamado comparecencias quincenales, así como 15.000 euros de fianza para el inspector jubilado Antonio Bonilla para evitar su ingreso en prisión.

Los dos han prestado declaración como investigados ante el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, en el marco de la pieza Pit, sobre el encargo del naviero Ángel Pérez Maura para evitar ser extraditado a Guatemala, junto al exembajador de este país en Estados Unidos Julio Ligorría.

Pérez Maura fue detenido junto a su hermano Álvaro en un operativo de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional instada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Tándem, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo, y en concreto de la pieza secreta número 4, relativa al proyecto Pit del comisario, por el que habría facturado hasta 10 millones de euros para intentar frenar la extradición.

Los fiscales del caso también han reclamado medidas cautelares para Ligorría, que ha reconocido que se entrevistó unas dos veces con Villarejo porque en aquellas fechas, 2016, "era un referente en España en la gestión de crisis", según ha indicado en declaraciones a los periodistas a su salida de la Audiencia Nacional.

El exembajador ha rechazado haber intervenido para evitar las investigaciones a Pérez Maura en Guatemala y ha negado, además, que el excomisario y el empresario Adrián de la Joya, también imputado en Pit, le prometieran hacer gestiones para auparle a la Presidencia de su país.

"Eso es una fábula que no se sostiene" y no tiene "ni pies ni cabeza", ha asegurado el diplomático, al que en junio del año pasado España rechazó extraditar a Guatemala, que le reclamaba por blanqueo en relación con la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2011 en ese país.

El hijo de Villarejo, reunido con Ligorría, Redondo y su padre

En cuanto al hijo de Villarejo, la investigación le sitúa en una reunión junto a Ligorría, Redondo y su padre el 4 de mayo de 2016, una semana después de que Pérez Maura se presentara en la Audiencia Nacional al conocer que tenía una orden de detención contra él cursada por Guatemala para pedir su extradición por corrupción.

En esa reunión, cuya transcripción figura en el sumario de Pit, puesto que el audio le fue incautado a Villarejo, hablan de la estrategia para conseguir que no extraditen al naviero español y Ligorría afirma que había que hacer algo "importante a nivel de medios de comunicación para sacar de la foto al 'amigo' (PérezMaura) y poner a otros actores que son los verdaderos responsables".

Bonilla, un contrato de servicios con la empresa de Villarejo

En cuanto a Bonilla, fuentes jurídicas apuntan que ha declarado que desde 2013 tenía un contrato de servicios con la empresa de Villarejo, Cenyt, para la que realizaba análisis con la documentación que le entregaba el socio del excomisario, el abogado Rafael Redondo, y ha señalado que en el marco de ese contrato también hizo análisis sobre los 11 países en los que está el BBVA relativos a los riesgos para los empleados que trabajaban en esas zonas.

En su declaración, en la que ha respondido a todas las partes, el inspector jubilado ha precisado que su intervención en el proyecto Pit se ciñó a un viaje a Guatemala para presenciar una reunión entre un abogado norteamericano y Juan José Meseguer, gerente de la empresa de Pérez Maura y que fue investigado en este país por los hechos por los que se reclamó la extradición del naviero.

También ha explicado al juez que Redondo le pidió que estuviera presente en esa entrevista porque, al tratarse de un funcionario -él entonces se encontraba en segunda actividad-, él podría dar fe de que la había presenciado, como si fuera un notario, si alguien impugnaba la comparecencia.

Supuesto soborno al Gobierno guatemalteco

En la pieza Pit se investiga la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del excomisario Villarejo por parte de la mercantil A Pérez y Cia S.L., relacionada con el naviero, para tratar de impedir la extradición.

Guatemala le reclamó en 2016 por un supuesto soborno al Gobierno guatemalteco para que favoreciera a su naviera Grup Maritim TCB y se cree que pagó entre los años 2012 y 2015 con 30 millones de dólares al expresidente y a la exvicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre otros.