El Ministerio Fiscal solicita penas que suman dos años y nueve meses de prisión para un hombre casado en régimen de gananciales con su pareja a la que no le facilitó una información completa sobre los negocios que mantenía cuando entre ambos existía una ruptura "de hecho" pero no de derecho.

El escrito de conclusiones provisionales del fiscal, indica que el matrimonio era titular de una tienda de ropa y de "otros bienes" y que en 2004, cuando ya no convivían, el acusado R.M.B., "en ejecución de una estrategia preconcebida", comenzó a realizar una serie de operaciones "destinadas a apropiarse de la mayor parte del capital del matrimonio".

El fiscal asegura que el objetivo de estas actuaciones sería "organizar una futura vida empresarial desvinculado de su esposa", por lo que en septiembre de 2004 el acusado constituyó una empresa como administrador único ante notario y dijo que se encontraba "separado judicialmente" cuando no era cierto.

Este hecho fue denunciado, lo que llevó al acusado a acudir de nuevo al notario en septiembre de 2005 para que hiciera un nuevo escrito en el que aseguró haber cometido un error al manifestar que se encontraba separado judicialmente, "al tiempo que admitía que las participaciones sociales por él suscritas tenían la consideración de gananciales".

Con anterioridad a esto, en abril de 2005, la representación legal de R.M.B. solicitó la adopción de medidas provisionales previas a la interposición de la demanda de separación, medidas que fueron establecidas en julio y que contenían obligaciones para el acusado como "rendir mensualmente cuentas a la esposa del negocio del matrimonio".

Un delito de estafa

El escrito concluye que el acusado adoptó una actitud "contumaz" sobre esa obligación lo que provocó que "reiteradamente" la representación legal de la esposa acudiese al juzgado para solicitar que el marido "cumpliera lo que estaba obligado". Para el fiscal, los hechos constituyen un delito de estafa y solicita para el acusado dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, industria o comercio por un tiempo similar.

Además, los hechos constituyen para el Ministerio Público un delito de desobediencia grave a la Autoridad Judicial por lo que solicita para el acusado nueve meses más de prisión mientras que por un delito societario pide una pena de diez meses de multa con una cuota diaria de 25 euros.

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