La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha exigido "acceso limitado" y "cautelas extremas" a cualquier autoridad y, concretamente, a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en el uso de información personal de las mujeres que han recurrido al aborto.

Así lo indicó el presidente de este organismo, Artemi Ramallo, quien presentó un informe solicitado por el Ministerio de Justicia a raíz de la investigación criminal abierta en algunas clínicas abortistas , que conllevó el que agentes de la Guardia Civil comunicaran a las afectadas la citación judicial en sus domicilios.

Ramallo sentenció que los agentes tienen obligación de no revelar o comunicar ante "terceros, sean familiares o no", los datos íntimos de estas mujeres, si bien explicó que en este caso la AEPD no encontró motivos para actuar de oficio, aunque "no descarta" hacerlo en el futuro si se presentan "denuncias concretas"

"El caso Isadora

El caso de la clínica abortista Isadora, en Madrid, es el principal responsable de que la apertura una investigación criminal y del anuncio de la AEPD.

Al parecer, agentes de la Guardia Civil se aprovecharon del desconocimiento de las leyes de algunas pacientes de esta clínica para, tras llamarlas como testigos y no como imputadas, preguntarles por qué habían abortado, las semanas de gestación en el momento de la interrupción y si tenían informes que probaran la razón del aborto.