Morella
Morella, en la comarca castellonense de Els Ports, es una de las localidades que reciben ayudas de la Generalitat contra la despoblación. AYUNTAMIENTO DE MORELLA

La despoblación avanza como fenómeno lento pero imparable en el interior de las provincias de Castellón y Valencia, y lo hace hasta tal punto que algunas zonas ya se consideran "desiertos demográficos".

La baja densidad de población, unida al crecimiento demográfico negativo y al envejecimiento, está creando desequilibrios territoriales cada vez más acusados entre la costa, donde se concentran las ciudades grandes y medias, y el interior, con municipios importantes en cuanto a superficie pero cada vez menos poblados, con menos servicios, infraestructuras y desarrollo económico.

La última voz de alarma viene de la mano del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV), que en su reciente Memoria de 2018 incorpora un cuadro de indicadores de despoblamiento por comarcas costeras y de interior.

En esa tabla se aprecia que hay siete comarcas del interior de Valencia y Castellón con crecimiento demográfico negativo: el Rincón de Ademuz (-24,29), l’Alt Maestrat (-19,79),  els Ports (-15,68), el Alto Mijares (-8,22), los Serranos (-5,38), el Valle de Ayora (-4,63) y la Canal de Navarrés (-2,35). Además, cuatro de ellas presentan una densidad de población por debajo de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que "llevaría a conceptuarlas como desiertos demográficos", explica el informe.

"Se trata de amplios territorios muy condicionados por las deficientes comunicaciones y la ausencia de una mínima industrialización que, como se observa en otras comarcas del interior, son dos elementos clave para resistir el riesgo de despoblamiento", añade el documento. Estas comarcas presentan, además, elevados índices de dependencia entre sus habitantes, relacionados con el envejecimiento.

Para atajar el fenómeno de la despoblación y evitar el cierre de servicios básicos por insuficiencia financiera, el Gobierno valenciano aprobó hace dos años la Agenda Avant contra la despoblación, de la que cuelgan medidas específicas. Una de ella es el Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento, que en 2019 inyectará ayudas de hasta 100.000 euros por municipio para 155 ayuntamientos.

Las subvenciones están destinadas a localidades en riesgo demográfico y fueron aprobadas el pasado mes de abril, cuando se publicó el listado de los 155 municipios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

A principios de año, el jefe del Consell, Ximo Puig, explicó que el programa de ayudas prevé una dotación total de 240 millones de euros para el periodo 2019/2023, es decir, para la legislatura que se acaba de poner en marcha. Este plan distinguirá entre municipios en riesgo de despoblación (140 ayuntamientos) y con problemas financieros (otros 35).

El programa prevé, además, que las ayudas puedan ser subvenciones o bien materializarse mediante la compra de activos municipales, con opción de recuperarlos en un plazo de cinco años. Se trata de evitar que para muchos ayuntamientos pequeños o de baja densidad de población sea un problema mantener abiertas residencias de la tercera edad y centros de día, servicios educativos y culturales como escuelas infantiles, instalaciones deportivas o culturales y otros servicios necesarios para los ciudadanos, como los cajeros automáticos de las entidades financieras.

Según explicó Puig en la presentación de las ayudas, las diputaciones de Valencia y Castellón colaboraron en el Fondo de Cooperación Local, mientras que la de Alicante se negó y los ayuntamientos de esta provincia solo tienen el 50% de los recursos.

La Generalitat asigna las ayudas del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento a partir de cinco requisitos cuantificables: la densidad de población (igual o inferior a 20 habitantes por kilómetro cuadrado), el crecimiento demográfico (tasa inferior o igual al 0% en los últimos 20 años), tasa de crecimiento vegetativo (menor o igual a -10%), índice de envejecimiento (mayor o igual al 250%), índice de dependencia (mayor o igual al 60%) y tasa migratoria (menor o igual a cero).

Una dirección general específica

El Gobierno valenciano ha dado a la lucha contra la despoblación visibilidad específica con la creación de una dirección general. La sede de este departamento, adscrito a Presidencia de la Generalitat, estará ubicada en Castellón, según afirmó Puig en una entrevista publicada este pasado domingo en Mediterráneo. Aunque no se encargará solo del fenómeno en esta provincia, el Consell quiere destacar el valor simbólico de ubicar allí el organismo, ya que Castellón es la provincia más vaciada de la Comunitat.

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