En un comunicado, Mesa de la Ría ha asegurado que "la factoría ha amenazado a la Audiencia Nacional con el cierre de sus empresas a nivel nacional de no aceptarse Puertollano como aval", lo que para Mesa de la Ría constituye "un chantaje en toda regla".

Desde el grupo municipal han precisado que, pese a que Mesa de la Ría "ya impugnó en enero de 2017 la intención de Fertiberia de avalar el coste reclamado por la Audiencia para la restauración de los fosfoyesos con su fábrica de Puertollano", la empresa se ha reiterado ante la Audiencia Nacional en su pretensión basándose en dos aspectos.

Por un lado, en que "la empresa de Villar Mir se niega a aceptar la valoración del aval en los 65,9 millones de euros que estableciera el Tribunal Supremo de manera firme y, por otro, insiste en su nuevo escrito de recurso en que la destrucción de la empresa sería inmediata si no se acepta la constitución de la hipoteca sobre su fábrica de Puertollano".

Para Mesa de la Ría, esta pretensión constituye "una evidente falta de respeto" hacia el Tribunal y hacia la sociedad onubense, pues el valor de dicha instalación "podría alcanzar solo un millón y medio de euros, según una valoración pericial encargada por esta organización", por lo que ha pedido ante la Audiencia que "el aval se constituya mediante el depósito en metálico de dicha cantidad o en su defecto mediante una póliza de seguro".

Desde Mesa de la Ría han insistido en que "la mercantil del grupo Villar Mir ha asegurado que ninguna entidad bancaria ha aceptado afianzar dicha cantidad y aporta un informe de valoración de activos inmobiliarios ajeno a las normas de tasación hipotecaria, que sobrevalora la fábrica de Puertollano en 130 millones de euros".

Con ello, "Fertiberia pretende renovar el aval de los 21,9 millones, negando a su vez la obligación de tener que afianzar los 65,9 que estableciera el Tribunal Supremo", han remarcado desde el grupo municipal.

Para Mesa de la Ría, "Fertiberia pretende que el valor de la fábrica de Puertollano sea el de la suma de los costes de construcción de los distintos inmuebles individualizados, sin aplicar el posible estado de antigüedad o ruina de los mismos, y lo que es más importante, no se tiene en cuenta el verdadero valor de mercado, obtenido del estudio financiero de los beneficios económicos de la actividad global de fabricación de fertilizantes".

Por todo ello, han solicitado nuevamente a la Audiencia Nacional que no admita como fianza nada que no esté refrendado por un aval bancario o seguro de caución que pueda hacer que "el importe fuera rápidamente ejecutado en caso de incumplimiento de Fertiberia en su obligación de restaurar la marisma".

Mesa de la Ría confía en que el Ministerio de Transición Ecológica emita próximamente la resolución negativa de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de tapado de los fosfoyesos, algo que toda la sociedad onubense espera desde hace dos años, pues "el vertedero ilegal construido por Fertiberia en las marismas del Tinto es insostenible técnica y urbanísticamente, además de incumplir flagrantemente la Ley de Costas".