Los restos abandonados en estos puntos eran objetos de electrónica y "de alto riesgo de contaminación", tanto para los zonas afectadas como para la salud pública, y susceptibles de originar incendios forestales, lo que incrementa el riesgo y la peligrosidad de amontonarlos en esas condiciones.
Las fuerzas de seguridad iniciaron una investigación para determinar la trazabilidad de los restos, y han logrado determinar que los vertidos procedían de una empresa de gestión de residuos.
La compañía estaba realizando un almacenamiento "irregular" de los desechos, que se amontonaban en una zona de libre acceso y sin vigilancia.
Debido a esta situación, personas ajenas a la compañía se llevaban los objetos para sacarles el cobre o diversos elementos de interés para su venta posterior, y los restos quedaban abandonados en zonas aisladas.
Tras la inspección de la Guardia Civil, la empresa procedió a corregir las deficiencias detectadas en sus instalaciones y a la limpieza de los vertederos irregulares. Asimismo, se interpuso denuncia por incumplimiento de la Ley de Residuos y resto de la normativa sectorial que regula la gestión de residuos de aparatos electrónicos.
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