Anticorrupción pide siete años de cárcel para Juan Bravo y Pedro Calvo, exconsejeros de Gallardón, por el 'caso Lezo'

Canal de Isabel II.
Canal de Isabel II.
EUROPA PRESS - Archivo
Canal de Isabel II.

La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 7 años de cárcel por malversación a los exconsejeros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, Juan Bravo y Pedro Calvo, por su responsabilidad en la adquisición supuestamente irregular en 2001 de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

En su escrito de acusación por esta pieza del 'caso Lezo', la Fiscalía pide penas de entre 6 y 7 años de prisión y entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta para 22 personas. Entre ella se encuentran el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña, Arturo Canalda, a quien solicita 7 años; y varios exconsejeros del Canal, que se enfrentan a la petición más baja, de 6 años.

Otros de los acusados por la Fiscalía son el ex director económico y de desarrollo comercial del Canal, José Antonio de Cachavera (7 años), y el exdirector de Nuevos Negocios del Canal, Pablo López de las Heras (7 años).

La Fiscalía indica que la operación de compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá --Aguas de América (SAA)-- se enmarca, según el escrito de la Fiscalía, en la "expansión internacional" que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa.

Asimimo, desde Anticorrpución señalan que para ello "se utilizó una sociedad vehículo de nueva creación" llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua.

Dicha adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del Consejo de Administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"En definitiva, la palmaria y consciente dejación de las funciones que los acusados tenían encomendadas en sus respectivos ámbitos de actuación como miembros del ente Canal de Isabel II para la protección de los intereses públicos permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos a financiar una operación que causó indebidamente un menoscabo económico a dicha entidad en beneficio exclusivo de terceros", subraya la Fiscalía.

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