Así lo han señalado en un comunicado recogido por Europa Press la Asociación Cultural Ciudad Sostenible, la Asamblea Ciclista (ASCIVA), FACUA-Consumidores en Acción de Castilla y León, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid Antonio Machado, la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telecomunicaciones (AVAATE), CGT Valladolid y Ecologistas en Acción de Valladolid.

En una valoración conjunta del nuevo PGOU, aprobado provisionalmente por el Pleno municipal del reciente 20 de mayo, reconocen que el Plan aprobado provisionalmente es "mejor que el anterior", han advertido en un comunicado recogido por Europa Press de que "todavía no garantiza importantes demandas ciudadanas y una sostenibilidad del modelo urbanístico acorde con las necesidades de este tiempo y con la necesidad de poner coto inmediato al cambio climático".

Estas siete asociaciones han recordado que han participado activamente en los dos periodos de información pública en diciembre de 2017 y enero de 2019 proponiendo mejoras mediante alegaciones.

Pero han explicado que "el segundo periodo de información pública era obligado legalmente como consecuencia de la reordenación sustancial de la forma de integración del ferrocarril en la ciudad y la desaparición del Plan Rogers". No obstante, lamentan que "haya servido únicamente para la corrección de errores materiales, tal y como se advirtió desde el principio desde la Concejalía de Urbanismo".

"La participación pública no puede ser un mero trámite formal. Hay que responder con argumentos y precisión a las propuestas alternativas presentadas. La democracia participativa a la que tanto se alude se ha olvidado en este trámite", han reprochado.

Así, han añadido que no les parecen "adecuadas" las contestaciones a la mayor parte de sus alegaciones en este segundo periodo de información pública que finalizó el 4 de enero al tratarse de respuestas realizadas "de forma rutinaria y con formulaciones genéricas en la mayor parte de las ocasiones". De hecho, al menos en una, el caso de Ebro-Piensos CIA, observan una "contradicción formal entre el Informe de Alegaciones y la ordenación aprobada".

Además, indican que "destaca la ausencia en el Plan de consideraciones jurídicas y el control de su legalidad por técnico competente".

En relación con el suelo urbano, las siete organizaciones mantienen la necesidad de que el Plan justifique la delimitación del sector de la actuación ferroviaria y el cálculo de su aprovechamiento medio; regule los aprovechamientos urbanísticos del subsuelo; revise la ordenación propuesta en ámbitos judicializados como Cáritas y Piensos CIA y de otros espacios significativos como el Seminario.

En cuanto al suelo urbanizable señalan que les parece todavía "desmesurada" la calificación de suelo para un total de 49.428 viviendas, "cifra que no se corresponde con la evolución demográfica de la ciudad en los últimos años ni con los datos de formación de nuevos hogares y constituye una llamada para un urbanismo desmesurado".

Además, señalan como insuficiente la consideración dado en el Plan al problema de la vivienda. Apenas se tienen en cuenta las posibilidades de utilización de la gran cantidad de viviendas vacías existentes".

ACOTAR EL NÚMERO DE APARCAMIENTOS

Asimismo, los siete colectivos vallisoletanos insisten en la necesidad de acotar el número de aparcamientos que pueden construirse, transformar en aparcamientos para residentes o comerciantes de la zona; los de rotación que se encuentran en el casco histórico o en su perímetro, y eliminar cualquier tipo de aparcamiento en centros educativos o plazas arboladas. Igualmente, consideran que debe mejorarse sustancialmente el diseño de los pasos bajo el ferrocarril.

Los colectivos vecinales, ecologistas, ciclistas, de consumidores y sindicales reivindican igualmente que "hay que lograr mayor coherencia entre todos los instrumentos municipales relacionados con la movilidad y sus repercusiones en la salud (PGOU, PIMUSSVA, Plan de Acción Contra el Ruido y Plan de Mejora de la Calidad del Aire)".

Por último, llaman la atención sobre "el aumento del riesgo ambiental derivado de la creciente domotización de las 'ciudades inteligentes' y lamentan que no se haya hecho realmente una evaluación del impacto en la salud de la proliferación de las infraestructuras de radiocomunicación.

La realizada en la revisión del PGOU, en su opinión "ni es completa ni se usado una metodología mínimamente aceptable y, además, el PGOU no prevé la posibilidad de una planificación dirigida desde el Ayuntamiento que permita minimizar con garantías las citadas inmisiones".