En mayo Greenpeace y la Mesa de la Ría denunciaron este vertido sumándola a la realizada en marzo de 2018 a razón de otros vertidos producidos por el paso del temporal 'Enma', o los denunciados anteriormente en 2014 por la Mesa de la Ría por vaciado de las balsas, según ha informado Greenpeace en una nota.

"Durante décadas Fertiberia ha arrojado a las marismas del río Tinto más de 120 millones de toneladas de fosfoyesos, un material procedente de la fabricación de fertilizantes químicos", ha subrayado esta misma fuente, que ha agregado que las balsas de fosfoyesos "han sido utilizadas ilegalmente para arrojar otros residuos industriales peligrosos".

Han pasado nueve años desde que Fertiberia cesó sus vertidos de fosfoyesos, "fruto de la presión social y de los grupos ecologistas". Sin embargo, "la situación está lejos de haber mejorado", según han indicado los convocantes de esta protesta, ya que la empresa química "no se ha hecho cargo de la limpieza de la zona", más allá de presentar al Gobierno un plan que consiste "en cubrir con escasos centímetros de tierra los citados residuos". Dicho plan "está aún pendiente" de ser aprobado por el Gobierno central.

Fertiberia es una empresa con "un largo historial delictivo contra el medioambiente y la salud de las personas". "Ha sido condenada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, y por no cumplir el contrato de la concesión para verter fosfoyesos, lo que ha supuesto una acumulación de más de 120 millones de toneladas de residuos tóxicos y radiactivos en las marismas del Tinto", han señalado los grupos ecologistas.

La "catástrofe medioambiental" que vive Huelva, debido a los vertidos de residuos químicos a la ría por parte de empresas como Fertiberia, es "sorprendentemente muy desconocida en España", han recalcado desde Greenpeace, que ha lamentado que esto ocurra "a pesar de que el Parlamento Europeo reconociese que Huelva era el caso de contaminación industrial más grave de Europa".

Todo ello lo han unido a que "la ciudad se sitúe en primer puesto en el ránking de lugares de España con mayor mortalidad por cáncer o por tener dos de los seis emplazamientos contaminados radiactivamente que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha admitido oficialmente", y aún así se habla "poco de la grave situación a la que está expuesta la población onubense", han señalado las mismas fuentes. Y todo esto, "con la total permisividad de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España".

Esta situación es "el resultado directo de la anteposición de los intereses políticos y económicos de empresas a los de la ciudadanía" han aseverado. Así, como exigen las leyes que "quien contamina paga", desde la organización ecologista piden que "Fertiberia limpie las marismas y recupere la zona".

Además, Greenpeace exige al Ministerio de Transición Ecológica que "no autorice el plan de la empresa de meter debajo de la alfombra la basura"; esto es, "tapar con unos centímetros de tierra los fosfoyesos y salir corriendo, algo totalmente inadmisible y que ningún Gobierno permitiría".