En el "trágico aniversario" de la 'Operación Alquería', cuando se cumple un año desde que el 27 de junio de 2018 la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) registrara sedes de la Diputación de Valencia por supuestas irregularidades en contrataciones en la empresa pública Divalterra -antigua Imelsa-, el PPCV quiere que los socialistas y la coalición "se apliquen la misma contundencia y vara de medir y devuelvan los 20 millones que cuestan a los valencianos sus 35 casos de corrupción".

"No hay una sola Alquería, hay muchas Alquerías", ha aseverado la 'popular' en rueda de prensa, para recordar que en este caso siguen "16 personas imputadas". Entre las "réplicas", ha destacado el "escándalo" por ayudas a empresas supuestamente vinculadas con el hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, o los "casos de corrupción de alcaldes y concejales que tienen su centro en 17 municipios" de Valencia.

Pero ha advertido que la situación no se queda ahí y "también hay una Alquería en el Consell", ya que ha vuelto a criticar "la multiplicación no de panes y peces, sino de altos cargos" a la espera de confeccionar definitivamente la arquitectura del segundo gobierno del Botànic, esta vez con la entrada de Unides Podem junto a PSPV y Compromís. Unos "repartos de sillones y cargos que van a costar cuatro millones de euros a los valencianos", ha asegurado.

En este contexto, ha lamentado que "la colonización ha llegado con ellos para quedarse como manera de hacer política y repartirse en poder", lo que ve como un "'leit motiv' para contratar a sus afines". Ha puesto como ejemplo el "sonrojo y vergüenza política" que les produjeron las negociaciones a tres bandas hasta cerrar el pacto de gobierno hace unas semanas.

Y ha rechazado, por contra, que cuando los presuntos casos de corrupción afectan al PSPV o a Compromís "siempre dicen que son contrataciones; cosas superfluas o poco relevantes", si bien ha recordado que "el fiscal dice que ha supuesto un menoscabo de un millón de euros solo en Divalterra, nombrando personal no cualificado al margen de cualquier tipo de publicidad y concurso".

Esto se produjo, según la 'popular', en 2015, "bajo la voluntad del entonces presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, en aquel momento del mismo color político (PSPV), hoy dado de baja no se sabe si temporal o definitivamente", ya que sigue como alcalde de Ontinyent con su nueva formación 'La Vall ens Uneix'.

Por todo ello, ha subrayado que están "en condiciones de afirmar que Puig y Mónica Oltra -vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís- han perdido toda credibilidad", pues "son incompetentes e incapaces de dar una mínima explicación coherente". "Es la manera de hacer política 'botánica'", ha ilustrado, como "la doble vara de medir de la izquierda".

"12 MILLONES EN L'ELIANA" POR ACUAMED

Entre los 35 supuestos casos, la vicesecretaria regional del PP ha citado "el menoscabo de 12 millones de euros en l'Eliana, 1,4 millones en La Font de la Figuera, 1,2 millones en Alqueria en Ontinyent, un millón en Buñol, 33.000 euros en Xirivella, 23.000 en Llíria, 22.000 en Moncada, también 22.000 en Riba-roja del Túria, 16.000 en Massamagrell, 4.000 en Albuixech...; etcétera, etcétera".

Ha resaltado especialmente el de la empresa pública Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) hace una década, "no solo investigado por la justicia valenciana, también por la Audiencia Nacional con sobrecostes de 12 millones en una planta -de agua desnitrificadora- que pagan los vecinos de l'Eliana con un coste cuatro veces superior en la factura del agua, cuando no está funcionando". Este caso "salpica directamente a (José María) Ángel -exalcalde y director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias-, colaborador estrecho de Puig".