En un comunicado, Serrano ha avisado de que el entorno de Palmas Altas ya es objeto de la "burbuja inmobiliaria de centros comerciales" a causa del proyecto de nueva gran superficie comercial promovido en tal zona con el nombre de Lagoh, exponiendo que mediante esta dinámica "por cada puesto de trabajo precario que se creará se destruirán entre 1,5 y tres empleos ya existentes", lo que le ha llevado a criticar que "el Ayuntamiento prefiriese anteponer los intereses de un fondo de inversión privado a las necesidades reales de la ciudad".

En paralelo, ha lamentado que la Junta de Andalucía como promotora del proyecto y el Ayuntamiento apuesten por ubicar en el campus de Palmas Altas la futura ciudad de la Justicia, una vez muden sus instalaciones la multinacional Abengoa y la universidad Loyola, pese a "la oposición de todos los agentes sociales y a los graves problemas de movilidad que tiene la zona". La operación, según Serrano, "supone en la práctica un multimillonario rescate encubierto de Abengoa, que es quien más se beneficia de esta operación".

En cuanto a la ya aprobada modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 supuestamente al objeto de "acomodar el planeamiento" que rige sobre el centro comercial Nervión Plaza, recalificando su parcela de servicios terciarios en edificación compacta a gran superficie comercial en una parte y espacio libre de uso público en otra, aunque sin "incremento real" del uso de gran superficie comercial según la documentación de la operación, recogida por Europa Press, Serrano atisba "una modificación a la carta del PGOU en contra del beneficio de la mayoría".

A su juicio, la operación supone "un inmenso beneficio para el propietario, mientras que amenazará la diversidad de comercios, pues las salas de cine y pequeñas tiendas podrán ser sustituidas por superficies comerciales tipo Ikea". Además, mientras la operación atribuye al Ayuntamiento la titularidad de la plaza central del recinto comercial, la portavoz de Adelante avisa de que tal espacio "difícilmente podrá tener un aprovechamiento público", pero se ha permitido un "auténtico pelotazo urbanístico".

En cuanto a la decisión de rescindir de "mutuo acuerdo" el contrato adjudicado para la rehabilitación de las antiguas naves de Renfe, lo que obliga a licitar de nuevo el contrato, Serrano ha avisado de que tal extremo "retrasará aproximadamente un año" el proyecto". A su juicio, esta situación "se relaciona directamente con la errónea política de adjudicación de contratos del actual gobierno municipal".

"Es una práctica habitual del Consistorio aprobar aquellas concesiones con menor coste económico, sin tener en cuenta otros aspectos cualitativos como la capacidad real de las empresas adjudicatarias para realizar las obras. De esta forma, muchas empresas presentan ofertas con un coste hasta un 40 por ciento inferior al precio de referencia y se suceden contratos fallidos", ha aseverado, criticando que Espadas promocionase esta iniciativa "como uno de sus proyectos estrella" durante la campaña electoral, "cuando desde abril ya sabía" que el contrato sería rescindido.