Los municipios del área metropolitana están buscando fórmulas para dotar a las constructoras del suelo que piden para hacer más vivienda, pero, también, para conseguir dinero para llevar a cabo proyectos de ciudad.

Es el caso de Rubí, cuyo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) prevé aplicar «cargas urbanísticas» a las promotoras y constructoras de pisos que se beneficien de la recalificación de zonas industriales, «con poca actividad», para convertirlas en espacios residenciales donde construir nuevas viviendas.

Las constructoras, a cambio, pagarán total o parcialmente las obras de urbanización que se realicen en cualquier parte de la ciudad, «al margen de la cesión de terrenos que ya hacen las constructoras para zonas verdes, equipamientos y vivienda pública», según explicó ayer la alcaldesa, Carme García.

La calle que se arregle o la canalización que se construya con el dinero de las constructoras no deberá estar necesariamente donde hagan los pisos, tal y como pasa ahora. Lluís Calvet, coordinador del POUM, que debe pasar este mes por el pleno municipal, afirma que esto servirá para que «las plusvalías generadas por la transformación del suelo se dediquen a mejorar los déficits que tiene la ciudad en infraestructuras».

De cada promoción deberán destinar el 40% de los pisos a vivienda protegida. Se calcula que habrá unos 4.500 pisos de proteccion oficial.

Esta medida podría tener, sin embargo, una repercusión en el precio final de los pisos, según los promotores.