La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Instituto de Educación Secundaria de Burjassot, con el apoyo unánime del profesorado aprobó una propuesta para que las clases de Física y Química se impartan a sus hijos en lengua autóctona, a partir del curso 2006-2007.

La iniciativa se amparó en el desarrollo de la ley autonómica d'Ús i Ensenayment del Valencià, donde se garantiza este derecho mediante los "DPP" (Diseños Particulares de Programas). Con ellos, el valenciano se convierte, si así lo decide el consejo escolar, en la lengua vehicular obligatoria para materiales didácticos, libros y exámenes de los alumnos en cualquier asignatura.

"Pese a ir por el cauce legal, todo acabó yéndose a pique", resumen desde la AMPA al denunciar este asunto. Cuentan que la conselleria de Educación, poco después de aprobarse el DPP, envió al centro un profesor "sin capacitación lingüística" para cubrir debidamente la plaza docente de Física y Química en valenciano.

Desde entonces, y hasta ahora, las clases se dan en castellano. Es más, el profesor en cuestión, señalan, no acepta, ni siquiera, que los alumnos se expresen en valenciano en clase, aunque él lo haga en castellano. Las negociaciones directamente con el profesor y con representantes de la Generalitat no han resuelto el problema. "Todo ha sido en vano", reconoce Joan Vicent Olcina, presidente de la AMPA. Por eso, el asunto ha pasado al terreno jurídico.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha admitido a trámite la denuncia, presentada por la plataforma Escola Valenciana. El gerente de esta federación por la enseñanza en valenciano, Angel Martí, explica que todo el problema radica en una "incongruencia". Todavía no se han catalogado, indica, los puestos de trabajo para docentes en valenciano, cuando los interinos sí que están obligados a demostrar capacitación suficiente.

Sobre la misma paradoja insiste el portavoz del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STE-PV), Marc Candela. Está "seguro" de que con la "catalogación" de puestos de trabajo "se acabaría con casos como el de Burjassot y muchos otros similares", dice.

La conselleria de Educación intenta quitar hierro al litigio abierto. Por escrito reconoce, a petición de este defensor, que "tiene constancia de un caso concreto", a raíz de una denuncia presentada por una entidad sobre quejas relacionadas con profesores que imparten sus clases en castellano y no en valenciano". Se escuda en "la confidencialidad" que le impide ofrecer más "información individualizada sobre miembros de la comunidad docente" para zanjar el tema y oculta, intencionadamente, que el caso está sub iudice.

Este defensor intentó obtener la versión del profesor, que prefirió no realizar declaraciones.

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA

Consellería de Educación: Suspenso

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