La denuncia de un funcionario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Granada ha hecho que una jueza investigue la contratación de varias obras en embalses de la provincia. Según la denuncia, algunos técnicos de la Confederación, tras adjudicar una obra a una empresa, subcontrataban otros trabajos de esa obra por su cuenta, en lugar de hacerlo la adjudicataria, y obtenían así ingresos a través de «artificios contables».
Así, supuestamente se liquidaban los gastos de las obras afirmando haber ejecutado mejoras que realmente no se llevaron a cabo. Esta es la fórmula para que pudieran apropiarse de las cantidades supuestamente gastadas.
Tras una adjudicación formal de unas obras, los imputados habrán solicitado a la empresa adjudicataria cheques en blanco para, presuntamente, suplantarla y gestionar ellos mismo el dinero destinado a la subcontratación de los trabajos con otras entidades.
Práctica ilegal
Esta actividad sería "a todas luces ilegal", un aspecto al que se refiere el propio Ministerio de Medio Ambiente en un documento de información reservada.
Hay cuatro cargos de la Confederación imputados, de los que tres ya han declarado en el juzgado y hay más testimonios previstos, aunque aún no se ha producido detención alguna.
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