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EA pide que se aplique el principio de precaución y prevención como hacen varios ayuntamientos de otras regiones españolas, y que se realicen estudios "exhaustivos" sobre la salud humana y los ecosistemas afectados rurales y urbanos -jardines públicos, parques, áreas infantiles, etcétera- más frecuentados o expuestos a los "nocivos impactos o la aparición de enfermedades directamente relacionados con la presencia y utilización del peligroso herbicida".

Una prohibición que, a juicio de los ecologistas, debería extenderse a otros plaguicidas como el clorpirifos.

EA rechaza el argumento promovido por la industria agroquímica de que los plaguicidas resultan necesarios para lograr la seguridad alimentaria porque, según dice, además de ser "inexacto" resulta "peligrosamente engañoso" como, a su juicio, demuestra el Programa de Control de Residuos de Plaguicidas de 2014 recopilado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición que encontró hasta 49 agroquímicos en diversas especies de explotaciones frutícolas donde se había aplicado.

También alude al "peligro para la salud de los consumidores" que, afirma, han demostrado diversos estudios al establecer la relación entre la exposición a los agroquímicos con el aumento del riesgo de fallecer por enfermedades como el cáncer, la leucemia, el Alzheimer, el asma o por alteraciones en el sistema endocrino, entre otras.

El rechazo de los ecologistas se suma, según exponen, a las "preocupaciones de ganaderos y agricultores" por "la utilización indiscriminada de una técnica que se ha revelado sumamente peligrosa al no poder diferenciar su alcance e impactos tóxicos en unas áreas donde se intercalan núcleos habitados, instalaciones ganaderas, cultivos, aprovechamientos pratenses, pastizales, manantiales y cursos de agua, donde los procesos de bioacumulación van degradando las condiciones ambientales y la seguridad sanitaria de la zona".

Un hecho, advierten, que tiene "particular incidencia" en torno al Parque Natural de Oyambre, la Reserva de las Marismas de Santoña y Noja, y otros espacios protegidos o con valores de carácter ambiental y social, al "degradarse las condiciones de vida de los seres vivos, la calidad de las aguas y los suelos, y los aprovechamientos sostenibles".

Ecologistas en Acción propone, en cambio, además del "boicot" a las distribuidoras del glifosato, volver a técnicas tradicionales de carácter manual, "mucho más eficaces e inofensivas para personas, animales, plantas, aire, suelos y agua"; así como restringir las plantaciones arbóreas de crecimiento rápido, romper su carácter compacto e intercalar formaciones vegetales autóctonas y mixtas para dificultar la propagación de plagas e incendios.

Por último, consideran que la seguridad y calidad alimentarias como garantía del valor añadido de los productos de los aprovechamientos agroganaderos que aún resisten en los municipios rurales son "incompatibles" con este tipo de actuaciones contaminantes, "resultan particularmente costosas, no crean empleo, y causan alarma social al producirse sin que los ayuntamientos, juntas y vecinos puedan pronunciarse al respecto o, en última instancia, adoptar precauciones o formular y aplicar alternativas más respetuosas y beneficiosas para sus intereses".

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