Pilar Jurado
Fotografía facilitada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de su presidenta Pilar Jurado, durante la asamblea general. EFE/SGAE/Luis Camacho

Los socios de la SGAE han dicho 'no' este lunes a los nuevos estatutos de la sociedad, lo que abre un nuevo escenario en el que el Ministerio de Cultura podría retirar a la sociedad la autorización para la gestión de derechos de autor.

Asimismo, existe la posibilidad de que la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) expulse a la entidad española.

En un ambiente de tensión, según han confirmado a Efe algunos socios, la asamblea general de la SGAE ha rechazado, por tercera vez, el nuevo texto estatutario, en esta ocasión con un 62,78% (se necesitaba dos tercios, el 66,6%, de los votos para sacarlos adelante).

Un 36,07 % de socios ha votado que no (8907) y un 1,14% de los socios se ha abstenido (282). En esta asamblea general han votado 1356 socios de los 18.000 que tienen derecho a voto de un total de 120.842 socios.

Entre los que han pedido el sí durante el debate previo a la votación del punto cuatro del orden del día ha estado el cantante Pau Donés, mientras que en el bando del no se han posicionado Inma Serrano -miembro de la actual junta directiva- el ex presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón y los miembros de la Coalición Autoral.

Con este resultado la SGAE está más cerca de ser intervenida parcialmente por el Ministerio de Cultura, que recurrió el pasado viernes el auto de la Audiencia Nacional por el que se rechazaba la intervención judicial de la SGAE solicitada por el Gobierno, así como la remoción de sus órganos de representación, al entender que no era competente para ello.

Según Cultura, la Abogacía del Estado recurrió el auto emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el pasado 18 de junio en relación a la intervención temporal de la Sociedad General de Autores.

En cualquier caso, "la emisión del auto no ha afectado en ningún extremo" al procedimiento administrativo de revocación de la autorización de la SGAE, iniciado mediante el apercibimiento efectuado el 27 de septiembre de 2018, que sigue abierto y plenamente vigente, señaló Cultura.

Cumplir la Ley de Propiedad Intelectual

En recientes declaraciones el ministro de Cultura José Guirao no descartó seguir por la vía judicial para resolver la situación "insostenible" de la SGAE, e incluso indicó que Cultura sopesa retirarle la autorización como entidad de gestión.

Desde el pasado 15 de julio de 2018 los estatutos de la SGAE no se ajustan a la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), por lo que el 27 de septiembre de ese año, el ministerio de Cultura apercibió a la entidad por sus "incumplimientos legales" y, al no corregirlos, pidió la intervención judicial temporal a través de la Abogacía del Estado el pasado febrero.

Sanción de la Confederación Internacional

En total, la mayor entidad que se ocupa en España de los derechos de autor, SGAE, ha recibido del Ministerio de Cultura 13 requerimientos y un apercibimiento, principio del fin de una intervención anunciada.

Y también pendiente de la aprobación de los nuevos estatutos está la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac), que el 30 de mayo decidió excluir como miembro durante un año a la SGAE de España, a raíz de denuncias "que son motivo de gran preocupación en relación con las actividades de la entidad".

Además exige la realización adicional de "importantes desarrollos técnicos y cambios reglamentarios necesarios para garantizar el cumplimiento de la SGAE de las reglas profesionales" para las sociedades que integran la organización.

Esta sanción podrá "ajustarse o levantarse en cualquier momento", siempre que el Consejo de Dirección considere que se ha logrado el suficiente progreso para aplicar los requerimientos de la Cisac. Antes de votar el texto consolidado de estatutos, los socios de la SGAE han sacado adelante las cuentas anuales de 2017 con un 64,5% y las de 2018 con un 59,61%. También han aprobado la política general de inversiones con un 70,81% y la política de gestión de riesgos con un 69,57%.