El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento de los exconsellers Antoni Comín y Meritxell Serret, fugados en Bélgica tras su imputación en la causa del procés en 2017, por delitos de rebelión, malversación o desobediencia.

Se trata de una pieza separada a la causa principal del procés, en la que han sido juzgados durante cuatro meses 12 líderes independentistas.

De forma paralela a este procedimiento, la Sala de lo Penal del alto tribunal ha desestimado los recursos de apelación de los exconsellers y ha confirmado la decisión del juez instructor, Pablo Llarena, de procesarles, en el caso de Comín por rebelión y malversación, y en el de Serret por desobediencia y malversación.

En relación a la rebelión, la Sala señala en un auto que el tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania) -que rechazó entregar a Carles Puigdemont y a varios exconsellers por rebelión- examinó "con cierta ligereza y superficialidad" la violencia en el procés.

Se pregunta el tribunal "cuántos policías serían necesarios para obligar a cumplir" las resoluciones judiciales "que se estaban infringiendo" ante la presencia de "una masa de personas" convocada a ejecutar una conducta incuestionablemente ilegal e inconstitucional" que iba a entrar "en confrontación" con los agentes.

La Sala recuerda que no estamos ante el concepto clásico de rebelión (un delito que en este caso solo afecta a Comín) en tanto que en este caso se produce desde una comunidad autónoma con "una estructura institucional muy sólida y asentada" que contaba con "una hoja de ruta" para "desagregarla institucional y políticamente del Estado".

Indica que los máximos dirigentes del procés llevaron adelante el referéndum aun sabiendo el "elevado riesgo" de violencia frente al que no suspendieron la convocatoria, por lo que "resulta difícil concluir que no debían responder de unos hechos que podían evitar".

"Su dominio de la situación de riesgo, dado que hasta el final estaba en sus manos evitarla y que además eran quienes la habían generado con la organización y materialización de su convocatoria, no parece fácilmente excluible. A no ser que, alterando el orden jurídico más razonable y legal, entendamos que la celebración del referéndum era legítima y la oposición policial ilegítima", indica con cierta ironía.