CEAR
Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). M. A. Montesinos / CEAR

En el año en el que se cumple el cuarenta aniversario de la fundación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán también celebra una cifra redonda como miembro de esta entidad. "Entré en el 99 para una de las acciones históricas de acogida, que fue la de un contingente de albanokosovares que el Gobierno asumió", explica en una entrevista con 20minutos.

Tras ocupar varios puestos, desde trabajadora social a coordinadora de área, pasando por coordinadora regional, desde 2011 es la directora general. "He estado en todos los lugares y eso me ha dado una visión muy global y transversal del trabajo que realizamos", apunta. Un trabajo, que cuatro décadas después, continúa siendo tan necesario o más que en los 70.

Personalmente, ¿qué le ha aportado CEAR?
La experiencia ha sido muy positiva. He podido crecer como persona y como profesional en el marco de esta entidad. Había trabajado en otras organizaciones pero realmente CEAR me ha hecho conocer todo lo que es el ámbito de los derechos humanos y las personas refugiadas y aprender de historias de vida y de superación que te hacen situarte en el mundo de una manera diferente. Es un aprendizaje de cómo las personas se enfrentan a situaciones muy trágicas y cómo la fuerza interna de cada uno hace que finalmente salgan adelante desde las vivencias más terribles. A mí me ha aportado muchas herramientas para enfrentarme a mi vida personal.

¿Qué motiva su creación en 1979?
Viene empujada por un grupo sensible con la situación de aquellas personas que empezaban a llegar de América Latina huyendo de una dictadura. Venían a refugiarse a otra, porque los primeros movimientos en esta organización surgen en el 72. Aquí había visos de ir cerrando un periodo, pero la situación era compleja. 

¿Quiénes fueron aquellos impulsores?
Hablamos de personas como Juan José Rodríguez Ugarte o Joaquín Ruiz-Giménez. Algunos habían estado vinculados al exilio. Viajaron incluso a aquellos países para ver cómo podían generarse vínculos.

¿Qué pasos se dieron?
Con la Transición se considera que España tiene que empezar a ser un país de acogida y para ello hay que incorporar en las instituciones esa nueva dimensión política. Con muchas relaciones institucionales y con una estrategia de llegar a los estratos de decisión del momento se consigue que la Constitución reconozca el derecho de asilo. Después se logra que salga adelante una ley de asilo. Y a partir de ahí ha sido todo un proceso de crecimiento y conquistas.

¿Cuáles destacaría?
Es muy difícil señalar una. Por ejemplo, conseguir en los 90 la protección para personas que huían por motivos de género y orientación sexual. Espero que pronto digamos que hemos logrado que el Estado español da protección a las víctimas de maras.

¿Cuál es la situación actual?
El mayor riesgo para el asilo se está jugando en Europa. Una Europa con una única mirada: la del cierre de fronteras. Supuestamente por seguridad, algo que nosotros cuestionamos. Ningunea incluso sus compromisos internacionales al firmar acuerdos con terceros países que representan en realidad una externalización de sus responsabilidades, dejando a las personas que necesitan protección aisladas en lugares donde no se garantizan los derechos humanos. Estamos asistiendo al cierre sistemático de los puertos europeos y permitiendo que la improvisación, la incertidumbre y la agonía imperen tras cada rescate. Esa visión cortoplacista no es eficiente porque está claro que ese cierre de rutas a base de esos acuerdos internacionales no está dando los resultados esperados y responde a intereses de otro tipo, pero no con el foco en las personas. El derecho de asilo está seriamente amenazado.

Ocean Viking

¿Cómo valora lo ocurrido este verano con barcos como el Open Arms y el Ocean Viking y la gestión que se hizo de esas crisis?
Han sido días de absoluta angustia que deberían haberse evitado. Los líderes de la Unión Europea parecen haberse cruzado de brazos ante el cumplimiento de las normas básicas del derecho internacional. [El entonces ministro de Interior italiano Matteo] Salvini marcó las reglas del juego, un juego en el que cada desembarco se ha convertido en un pulso entre Estados para demostrar quién cierra sus puertas de forma más inhumana. Desde CEAR llevamos meses reclamando la urgencia de un mecanismo europeo de desembarco seguro y posterior reubicación para evitar sufrimientos innecesarios y garantizar el acceso al derecho de asilo. No debemos olvidar que las ONG están supliendo una función de rescate que deberían asumir los Estados, no se puede continuar criminalizando la solidaridad y alimentando un discurso que da alas a la extrema derecha. Es urgente sancionar a Salvini.

¿Qué debería hacer España?
Queremos que nuestro Gobierno abandere unas políticas migratorias en Europa que no se centren exclusivamente en el control de fronteras, que juegue un liderazgo en materia de derechos humanos y que plantee una estrategia de rescate y desembarco seguro para todo el Mediterráneo, con vías legales y seguras para evitar que más personas se jueguen la vida en el mar. Debe recuperar el espíritu del Aquarius y mostrar que hay otra forma de hacer políticas que ponga en el centro a las personas. El reto más inmediato sería conseguir que el sistema común europeo que se está debatiendo en estos momentos no sea en detrimento de los derechos de las personas y que sea lo más justo posible. Creo que es el máximo desafío al que nos enfrentamos en estos momentos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido luces y sombras en materia de inmigración y asilo. ¿Qué esperaría de su siguiente legislatura?
Vamos a ver realmente hacia dónde quieren ir. Posiblemente en diez meses no hubo tiempo. Es verdad que hubo un viraje poco comprensible. Veremos cuál va a ser la cara real. Queremos el cumplimiento de la ley, coherencia con los derechos humanos, respeto a los compromisos internacionales y que las políticas pongan el foco en las personas. Si eso se cumple, posiblemente estaremos ante un avance en materia de derechos humanos en nuestro país.

¿Qué cambios reclaman para el sistema de asilo?
Consideramos que el acceso al procedimiento está teniendo graves dificultades y nos consta que se están poniendo en marcha herramientas y propuestas para agilizar las más de 100.000 solicitudes pendientes de resolver y la falta de agilidad para que las personas soliciten protección. Una vez que eso esté solucionado habría que analizar el porcentaje de concesión. Si nos vamos a los datos de 2018, solo una de cada cuatro tienen una resolución favorable, un porcentaje bajísimo, muy por debajo de la media de la UE, que es de un 38%. La mirada hacia esos casos que necesitan protección tiene que ser mucho más garantista.

¿Es la sociedad más sensible a este drama que sus gobiernos?
Por supuesto. Se ha demostrado en los últimos años. Pese a los discursos del miedo y del odio que se han tratado de imponer, en España han cuajado muy poco. Ahora mismo en la UE el 0,02% de la población es migrante. Y nosotros estamos incluso por debajo. Si analizamos los porcentajes de refugiados estamos muy lejos de los países que realmente acogen y que son los cercanos a las zonas de conflicto. Un 86% se quedan allí. Turquía soporta 44 refugiados por cada 1.000 habitantes; Líbano, 160; Jordania, 71. España, desde el 84, que se instauró la ley de asilo, hasta hoy solo ha registrado 305.000 peticiones. La gran mayoría no recibieron protección y otra gran mayoría ya no están en nuestro país.