Cuando Juan Sotelo llegó a Madrid, poco o nada se sabía aquí de acoger refugiados. La persecución política por la que este uruguayo aterrizó en Barajas el 10 de junio de 1977 le habría hecho merecedor de esa protección internacional, pero aún faltaba un año para que España se adhiriese a la Convención de Ginebra de 1951. Llegadas como la suya impulsaron los primeros movimientos encaminados a darle dimensión política al asilo y desembocaron en la creación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que se encuentra celebrando su 40 aniversario.

Juan lleva más de cuatro décadas viviendo en la capital pero se mantiene fiel a las costumbres de su Montevideo natal, aquel que tuvo que dejar atrás con solo 22 años. En el Centro Uruguayo de Madrid, del que es presidente, destacan sobre la mesa el termo de mate y el vaso típico al que la infusión da nombre. El acento tampoco lo ha perdido, aunque en su país piensan lo contrario. "Se te pierde algo. Cuando voy a Uruguay me dicen ‘¿vos de dónde sos?’", cuenta entre risas.

El local está ubicado en un edificio propiedad de la Asociación de Vecinos Casco Antiguo de Carabanchel Bajo. Él pertenece a su junta directiva. Lo destaca porque es una forma de demostrar que siempre ha procurado tender puentes entre el país que le vio nacer y el que tan bien le acogió. "Todos los compañeros se integraron en sindicatos, asociaciones, en los barrios, en los colegios... No hicimos guetos. Si bien nos seguimos sintiendo uruguayos, y creemos que es una obligación promover nuestra cultura y que nos conozcan", explica.

Lucila Maqueira y Gustavo Núñez, miembros igualmente de la directiva del Centro, son dos de aquellos "compañeros". Sentados a su lado, escuchan una historia que no les es ajena. A ella la conoce desde los 14 años y la amistad con él se fraguó ya en España, en aquellos últimos años de los 70.

"En Uruguay la situación era inestable desde finales de los 60. Empezó a haber represión. La gente se sentía insegura y más a partir del golpe de Estado del 73", recuerda Juan. "Militante estudiantil y barrial", participante en manifestaciones y arrestado en varias ocasiones, la detención, desaparición e incluso asesinato de otros opositores le llevó a planificar su salida: "Se vive con miedo. Siempre. Sabía que tarde o temprano me iba a tocar".

En tierra dejaba a su mujer y su hija de seis meses y ponía rumbo a un desconocido destino en el que "no había mucho extranjero" y apenas tenía contactos, pero en el que tuvo la suerte de dar de inmediato con un matrimonio que le ofreció su casa. "Encontramos gente muy solidaria, incluso me prestaron dinero para que algo más de un año después pudiera traer a mi familia. También nos encontramos con organizaciones que nos dieron muy buena mano", relata. Con todo, el miedo seguía siendo permanente y solo a los más allegados les confiaban el motivo real de su migración. Para el resto, habían venido en busca de prosperidad.

Aquel joven pudo acogerse a una ley de 1969 sobre igualdad de derechos sociales de los trabajadores de la comunidad iberoamericana y filipina empleados en territorio nacional. Gracias a eso, pronto accedió a un trabajo de lo suyo, técnico de ascensores, y en dos años estaba solicitando la ciudadanía. Otros compatriotas no corrieron tanta suerte. "Hubo quien fue apátrida", apunta, mientras dirige la mirada hacia Lucila. Ella desembarcó en Barcelona en 1976, sin ser reconocida por su país, y durante cinco años careció de cualquier nacionalidad legal, hasta que logró la española.

Ante casos como ese, para asistir a los uruguayos, pero también a argentinos o chilenos, que huían de las dictaduras que se estaban extendiendo por América Latina, ya habían arrancado los primeros encuentros entre personas muy sensibilizadas con la situación de aquellos exiliados. Encuentros de latinoamericanos con miembros del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, la Iglesia Católica, la Evangélica, sindicatos… en los que, entre otros, participaban Juan José Rodríguez Ugarte, después primer secretario general de CEAR, o Luis Ruiz Poveda, su tesorero durante años.

"Recién soy consciente de lo que se gestó allí. En ese momento nos reuníamos, cada uno ayudaba en lo que podía...", comenta este hombre, quien al echar la vista atrás toma conciencia de que fue así como comenzó una corriente que hizo posible hitos tan fundamentales como plasmar el derecho al asilo en la Constitución del 78. Inmersa en una democracia incipiente y frágil, el papel de España en el mundo estaba dando un giro de 180 grados. Ya no era un país de expatriados; ahora era visto como un lugar de refugio para quienes eran perseguidos por sus ideas. Con sus sombras, eso sí, como la de aquel 23 de febrero de 1981, cuando el intento de golpe de Estado de Tejero hizo aflorar fantasmas no tan viejos. "Lo preparamos todo y nos hubiéramos ido si hubiera triunfado", reconoce Juan.

Pero no se fue y tampoco lo hizo después, cuando su país también recobró la democracia, pese a que siempre creyó que pronto volvería a su tierra. "Creíamos que la dictadura caería y que regresaríamos enseguida. Nunca te das cuenta de que te vas a quedar a vivir acá", afirma sin poder evitar emocionarse. "Siempre estás pensando que vas a volver", agrega con la voz entrecortada. "Siempre". Pero el tiempo pasa y la idea de regresar cada vez es más difusa porque significaría empezar de cero. En Uruguay, a donde viajó por primera vez once años después de aterrizar en Madrid, van quedando menos raíces, las de aquí se van afianzando y uno acaba sintiéndose "de los dos lados a la vez".