Accem, Cruz Roja Española, Murcia Acoge, Fundación Cepaim, EAPN y la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia han pedido a los gobiernos "mayor compromiso" con las personas refugiadas, según informaron fuentes de estas organizaciones sociales en un comunicado.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, las organizaciones mencionadas han dado a conocer el manifiesto firmado con motivo de este día y han expresado públicamente su preocupación por la actual situación de las personas refugiadas a nivel europeo, español y, especialmente, en la Región de Murcia.

En concreto, las organizaciones firmantes señalan que en la actualidad, la humanidad "se enfrenta a la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial", ya que millones de personas en diferentes partes del mundo se encuentran amenazadas por motivos sociales, políticos, religiosos, catástrofes naturales, sequías o hambrunas.

SITUACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA

Actualmente, casi un millar de personas han solicitado protección internacional en la Región de Murcia, donde destacan las nacionalidades venezolana, ucraniana y colombiana, rusa, salvadoreña y siria.

Por todo lo expuesto, las entidades firmantes del 'Manifiesto 20J' por el Día Internacional de las Personas Refugiadas solicitan que se habiliten vías legales y seguras para las personas refugiadas y migrantes, así como la puesta en marcha de una operación permanente de ayuda y salvamento para impedir que se pierdan más vidas en el trayecto hacia Europa.

Asimismo, piden que se active la Directiva de Protección Temporal cuando se den las condiciones previstas para ello; que se permita y facilite la Solicitud de Protección Internacional en embajadas; así como la agilización de la reagrupación familiar para las personas refugiadas; y la eliminación de los visados de tránsito.

Igualmente, reclaman el aumento y cumplimiento de los cupo establecidos en España para las personas necesitadas de protección internacional; la protección de las organizaciones y personas que apoyan a la población refugiada; y la disposición de mecanismos de financiación adecuados y suficientes.

También piden la promoción activa de una cooperación al desarrollo que cubra las necesidades reales de los países de origen de las personas refugiadas; el combate real y activo de los discursos xenófobos y la eliminación de las dificultades y barreras administrativas existentes para la solicitud de asilo y protección.

Con estos doce puntos o solicitudes se está demandando el cumplimiento de los compromisos internacionales firmados por España y la Unión Europea en materia de asilo, porque el respeto a los derechos fundamentales no es opcional y su violación no puede permitirse.

DATOS A NIVEL INTERNACIONAL

Según datos del ACNUR -Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados-, actualmente hay más de 70 millones de personas desplazadas, de los cuales 25,4 millones son refugiados, 40 millones son desplazados internos y 3.1 millones son solicitantes de protección internacional.

En el caso de Europa, señalan que el cierre de las rutas de los Balcanes, el pacto firmado entre UE-Turquía que permite retornar a todas las personas migrantes, incluyendo personas necesitadas de protección internacional, el blindaje de las fronteras europeas y el surgimiento de corrientes políticas xenófobas y contra la inmigración, "está determinando que muchas personas cambien de rutas y sigan poniendo en peligro sus vidas mediante arriesgadas travesías por rutas marítimas empujados por las mafias".

En este sentido, señalan que es "vital" tener en cuenta que el derecho de asilo "está reconocido como derecho fundamental en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que se trata de un imperativo tanto legal como moral". Este artículo, recuerdan, "se desarrolló y concretó en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados".

El arduo camino de estas personas no termina cuando consiguen cruzar las fronteras españolas, momento en el que los problemas de acceso y continuidad a los procedimientos de asilo dificultan la garantía de otros derechos fundamentales como la atención sanitaria, y el acceso a la vivienda y al mercado laboral.