El forense confirma que la joven asesinada por su padrastro esperaba un hijo suyo

  • Piden 3 años y 11 meses de cárcel por el delito de aborto.
  • Por el asesinato, con alevosía, el fiscal pide 20 años de prisión.
  • El forense ha confirmado la paternidad del acusado.
El acusado, sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial. (J.L.PINO/EFE).
El acusado, sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial. (J.L.PINO/EFE).
J.L.PINO/EFE
El acusado, sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial. (J.L.PINO/EFE).

La Fiscalía ha mantenido su petición de 23 años y once meses de prisión para el hombre acusado de asesinar en 2006 a su hijastra y de provocar el fallecimiento del hijo que ésta esperaba en el juicio que ha concluido hoy en la Audiencia Provincial de Madrid.

El Ministerio Público considera que han quedado "suficientemente acreditados" los hechos que se le imputan, tras la prueba pericial y documental practicada hoy en la vista. Según el escrito del fiscal, en julio de 2005 Eduardo P.G comenzó una relación afectiva con su hijastra, que entonces tenía 17 años y que, fruto de la misma, quedó embarazada.

Al saber que iba a acudir al médico para corroborar su estado de gestación y ante el temor de que su mujer y madre de la chica conociera la relación, la tarde del 14 de marzo el procesado llevó a la joven a Perales del Río (Getafe). Allí, el hombre supuestamente le clavó a la joven un objeto en la zona púbica, le propinó varios golpes en la cabeza y le causó la muerte por asfixia.

El cadáver de la joven fue arrojado por el acusado a una alcantarilla y hallado cuatro días después en la Depuradora Sur de Getafe. El cuerpo presentaba marcas digitales en las fosas nasales "resultado del intento de dificultar la respiración", ha explicado el forense.

Éste ha indicado que la lesión de tres centímetros (con dirección al útero) que la fallecida presentaba en el perineo fue realizada en vida y, presumiblemente, con un elemento de hierro.Asimismo, los peritos han confirmado la paternidad del acusado.

El fiscal pide para Eduardo P. G. una pena de tres años y once meses de cárcel por el delito de aborto y veinte años por el de asesinato -al considerar probada la circunstancia de alevosía-, así como el pago de una indemnización de 67.000 euros a la madre de la fallecida.

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