Patentes, ¿para qué?

La tecnología que usamos en nuestros día a día se diseña casi más en los tribunales que en los laboratorios. A las empresas tecnológicas les resulta tan importante tener buenos ingenieros como potentes abogados que resuelvan sus pleitos y que vigilan que nadie usa ‘ilegalmente’ su tecnología. En esta época de la sociedad de la información y el conocimiento, controlar el conocimiento es tener el poder. Y eso se hace a base de leyes que el común de los mortales desconocemos por su complejidad pero que tienen una enorme trascendencia para el desarrollo de la tecnología y en la innovación.

Las leyes sobre derechos de autor y copyright o sobre patentes dictan las reglas de juego que las empresas deben cumplir. Y esas leyes determinan en gran medida la forma que tienen los sectores industriales, si dejan espacio para que las pequeñas empresas puedas participar, o si privilegian exclusivamente a las grandes, gigantescas, corporaciones.

El Parlamento Europeo vuelve a tramitar, por segunda vez, una directiva que ya rechazó, según la cual los programas de software, o en la jerga leguleya, las invenciones implementadas en ordenador, pueden patentarse.

Se trata de una ley difícil de desentrañar, pero que nos afectará a todos. Sólo un par de apuntes.

No deja de ser algo estúpido que Europa, a la zaga de Estados Unidos en el sector del software, decida aumentar la protección de este tipo de tecnología para proteger los intereses de todopoderosas empresas estadounidenses a costa de los de pequeñas empresas europeas.

Porque las pequeñas y medianas empresas que se dedican a fabricar programas de ordenador, actualmente, no necesitan pagar caros abogados para que revisen su tecnología una vez terminada. Basta con que hayan trabajado con buena fe y no hayan plagiado literalmente ningún programa de la competencia para que su software sea legal. Así están las cosas.

Si las patentes se aprueban esas mismas pymes deberán pagar caros expertos y abogados para, en primer lugar, asegurarse de que el nuevo programa que han creado no viola ninguna patente que probablemente desconocían, y en segundo lugar, deberán pagar a los mismos abogados (entre 3.000 y 12.000 euros, por lo menos) para que registren nuevas patentes asociadas a sus programas. Muchas pequeñas empresas no puede permitirse estos gastos y una gran cantidad de innovación puede perderse por este alambique legal al que se somete la innovación

Así pues, las patentes de software suponen un considerable obstáculo para que las pequeñas y medianas empresas puedan innovar y son simplemente un mecanismo para que los grandes afiancen su posición y estrangulen la sana competencia de quienes tienen menos recursos. Al final perdemos todos, salvo los que ahora controlan el cotarro.

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