Así lo han explicado el representante de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar, Jorge Suárez, por un lado, y el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, por otro.

Los dos han participado este miércoles en Oviedo en la clausura del congreso de empresas familiares, un sector que supone más del 70 por ciento de las empresas de la región, con una facturación acumulada de 2.800 millones de euros y más de 19.000 trabajadores, lo que genera el 12 por ciento del PIB asturiano.

En ese sentido, Suárez ha indicado que la cuestión tributaria es la "principal preocupación" de este sector, ya que "es tratado de manera desigual por las comunidades autónomas y Asturias tiene el último lugar, tributando hasta 100 veces más que otros territorios, lo que lastra el desarrollo regional".

Así, ha calificado de agravio comparativo el impuesto de sucesiones y, aunque no ha ofrecido datos, ha afirmado que ya se han marchado "muchas empresas" de la región por la existencia de este impuesto, mientras que "otras muchas están pensando en marcharse".

Ha criticado que se califique este tributo como 'impuesto a los ricos' ya que "afecta a todos los ciudadanos" y ha indicado que en 2018 hubo 2.189 herencias rechazadas, "un 20% del total de las herencias". Una cifra, que ha indicado, supone "el doble de lo que ocurre en España".

Por todo ello, ha pedido al próximo Gobierno autonómico "estabilidad" y que cree condiciones favorables para el desarrollo de las empresas "y que comparen entre territorios".

Desde el Principado, el consejero Isaac Pola ha defendido la necesidad de una "asimetría fiscal" entre territorios y en determinados conceptos para acabar con "agravios comparativos entre comunidades autónomas".

"No tiene sentido establecer una competitividad fiscal sobre el impuesto de sucesiones", ha indicado el consejero, aunque ha incidido que lo que defiende no es la supresión de este tributo sino una "asimetría" que permita una "armonización fiscal".