Asimismo, las entidades han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar la "vulneración de los derechos fundamentales y las libertades públicas, amparado por la Constitución", ha explicado Poder Migrante en un comunicado.

El escrito ha sido firmado por unos 173 colectivos migrantes, feministas y organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos en América Latina de la UCM, y representantes políticos, como la exdiputada Rita Bosaho (Podemos), la diputada María Dantas (ERC), la senadora Ana Surra (ERC) y el alcalde saliente de Xirivella, Ricard Barberà (Compromís).

Estas organizaciones y personalidades han mostrado su apoyo a la víctima y su petición a Fulgencio para que paralice la expulsión de la mujer, así como al Defensor del Pueblo para que "garantice el derecho de las personas migrantes en situación irregular a denunciar sin miedo a ser expulsadas, ya que una infracción administrativa no puede estar por encima de una investigación penal y la protección de las víctimas".

Asimismo, las organizaciones han rechazado la "inadmisible forma de actuar" de la Policía, pues consideran que "no procedieron a tomarle nota de su denuncia por agresión" y han instado a que se lleve a cabo una investigación sobre su actuación.

En este sentido, han expresado su "preocupación por la legitimación institucional, social y mediática de estas prácticas que empujan a la población migrante a no denunciar, ni defender sus derechos y libertades fundamentales, sobre todo cuando se trata de agresiones hacia mujeres en situación de total vulnerabilidad e indefensión".

Las organizaciones han subrayado que la mujer llegó a València hace pocos meses, huyendo de la violencia de las maras de su país, que han asesinado a varios de sus familiares, incluido un hermano y, en caso de no paralizar la expulsión, "en los próximos días podría volver a estar expuesta a esas violencias".