El caso de 'La Manada' de Sanfermines llega este viernes, 21 de junio, a su último capítulo judicial. A partir de las 10.30 horas, cinco jueces del Tribunal Supremo —tres hombres y dos mujeres— escucharán por última vez a las partes de este proceso de gran calado social antes de sentarse a deliberar y emitir la sentencia definitiva.

Todas las partes han presentado su propio recurso de casación en disconformidad con el fallo que emitió la Audiencia de Navarra, y ratificó el Tribunal Superior de Navarra, por el que se condenaba a 9 años de prisión a José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Jesús Escudero  y Antonio Manuel Guerrero, los cinco sevillanos autodenominados La Manada, considerados culpables de "abusos sexuales continuados, con agravante de prevalimiento" a una joven madrileña en un portal de Pamplona en los Sanfermines de 2016.

A lo largo de la mañana, Fiscalía, el abogado de la víctima, los de las acusaciones populares (Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra) y la defensa de los cinco condenados tomarán la palabra por un tiempo aproximado, cada uno, de media hora. De sus exposiciones se espera que apuntalen lo fundamental de sus alegatos y aprovechen para esgrimir jurisprudencia reciente.

La Fiscalía le pide al Supremo elevar la condena de abusos a agresión al considerar que sí hubo "intimidación ambiental" en el angosto cubículo del portal en el que los cinco hombres rodearon a la víctima. Las acusaciones populares defienden, por su parte, que medió "violencia" en los actos sexuales probados y piden también que los acusados sean condenados por agresión. La defensa de los sevillanos reclama su libre absolución en base al voto particular de un juez de la Audiencia de Navarra que descartó delito sexual.

Las partes y expertos consultados por 20minutos coinciden en destacar positivamente la especialidad en materia de violencia de género de varios de los miembros del tribunal, entre ellos la magistrada Susana Polo, encargada de redactar la sentencia.

Según fuentes del Supremo, tras la vista pública los cinco magistrados comienzan la deliberación para perfilar el fallo. Cuando alcancen un acuerdo, sea por mayoría o por unanimidad, el presidente del tribunal podría avanzar el sentido del mismo ese mismo día o esperar a la sentencia que, con toda su fundamentación, podría estar lista en días o incluso semanas.

Expertos juristas confían en que el Supremo sentencie lo antes posible y aproveche la argumentación para aclarar el debate instalado sobre la calificación de los delitos sexuales en grupo. Y que aclare si existió intimidación suficiente para anular la voluntad sexual de la víctima:

El tribunal encargado del caso está presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta y compuesto, además, por los jueces Francisco Monterde, Vicente Magro, Ana Ferrer y Susana Polo.

Martínez Arrieta es un magistrado riojano con fama de responsable y de progresista moderado. Quienes le conocen resaltan que es creyente y comprometido con los excluidos, dos cualidades que le acercan al perfil del presidente del primer tribunal que sentenció el caso en Navarra, José Francisco Cobo, quien consiguió con la figura del 'prevalimiento' condenar a los acusados por abusos sexuales y el único miembro de su tribunal en mostrarse contrario a su puesta en libertad.

Francisco Monterde es magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo desde el año 2003. Accedió con el voto del sector conservador del CGPJ, donde entró apoyado por el Partido Popular. Ana Ferrer es la primera mujer miembro de la sala segunda de lo penal del Supremo, a la que está adscrita desde 2014. Presidió la Audiencia Provincial de Madrid desde 2008, y se encargó del 'caso Roldán' (exdirector de la Guardia Civil). En cuanto a Vicente Magro, es un jurista alicantino gran experto en la violencia que se ejerce sobre las mujeres y exsenador independiente a propuesta del PP.

En un órgano colegiado como es la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo, el cargo de ponente implica realizar todas las gestiones directas del pleito. Además, es quien redactará la resolución del Tribunal cuando se consiga un acuerdo, ya sea por mayoría o unanimidad, al que los demás miembros del tribunal pueden adherirse o redactar su propio voto particular.

En el caso de La Manada, la ponente es Susana Polo, de 59 años, una reconocida experta en la violencia de género. Polo es la coordinadora nacional de las actividades de especialización en violencia de género de los jueces que obtienen destino en juzgados específicos en la materia. Ha impartido cursos y seminarios sobre la ley integral de 2004, así como otros sobre los instrumentos legales de garantía de la igualdad y de protección integral de las mujeres.

El principal argumento de la Fiscalía —que desde el principio ha defendido que lo ocurrido se enmarca en el delito continuado de agresión sexual— es que hubo "intimidación ambiental" en el portal de Pamplona "suficiente para anular la voluntad de la víctima". Que el espacio donde se sucedieron los hechos, un angosto rincón del portal, y la forma en que la rodearon los cinco varones, de edades superiores y fuerte complexión, dejó a la denunciante sin capacidad de reacción.

Varios juristas consultados esperan que el Tribunal Supremo aclare, con argumentos y en base a otros antecedentes, si se da el supuesto de intimidación o el de prevalimiento. La pregunta es si, con los hechos probados se puede considerar que los denunciados impidieron "absolutamente" la libertad de la víctima.

La Fiscalía esgrime sentencias previas del Supremo en las que se indica que la actitud del agresor puede anular la voluntad de la víctima sin que deba exigirse a ésta una oposición que ponga en riesgo mayor su integridad. Sentencias como la última de varios miembros de la sala competente, del mes pasado y que recoge Confilegal, en la que el Alto Tribunal recuerda que no se puede exigir a la mujer poner en riesgo su vida para impedir ser violada y que deben "analizarse y tenerse en cuenta los actos anteriores, coetáneos e inmediatos al acceso carnal, a fin de valorar, si, en efecto, existió esa violencia o intimidación que determina el vencimiento de cualquier acto de oposición serio que pueda llevar a cabo la víctima de un delito de agresión sexual".

Por su parte, la defensa de los cinco sevillanos, ejercida por el letrado Agustín Martínez Becerra, aspira a forzar los límites que le impone el recurso de casación ante el Supremo, que no permite revisar los hechos probados, para subvertir los fundamentos que llevaron al tribunal a apreciar delito en lo ocurrido.

"Vamos a intentar argumentar que no se dan los elementos de la agresión sexual (violencia o intimidación), considerando el prevalimiento lo menos malo", ha explicado Martínez Becerra. Sin embargo, el letrado tiene la intención de mantener la petición de absolución para sus clientes. Su exposición girará sobre tres ejes, según adelanta: la "presión social" a los tribunales, la idea de que la declaración de la víctima no supera los filtros para una condena y la falta de garantías procesales derivada de que el prevalimiento por el que se les condenó "no se discutió en el procedimiento".

En el Supremo sabían que el caso terminaría sobre su tejado antes o después. Previamente se han pronunciado dos tribunales navarros, con ocho magistrados en total, que acordaron el mismo fallo, pero pusieron sobre la mesa tres interpretaciones diferentes de los hechos.

En primera instancia dos jueces, José Francisco Cobo y Raquel Fernandino, condenaron por abusos sexuales con prevalimiento a los denunciados, y un tercer juez, Ricardo González, en un polémico voto particular, descartó cualquier delito sexual.

En segunda instancia, cinco jueces vieron este caso. Una mayoría de tres magistrados ratificó el fallo de la Audiencia, pero dos (Joaquín Galve y Miguel Ángel Abárzuza) emitieron un voto particular al apreciar el supuesto de intimidación y concluir que los hechos eran delitos de agresión sexual con penas de 14 años de prisión.

Los recursos de todas las partes están en el Supremo desde principios de año, por lo que se espera que el caso lo tengan ya estudiado y la sentencia no se haga esperar demasiado. Aunque caben prórrogas, se espera que se haga pública a la mayor brevedad.

Los cinco sevillanos de La Manada esperan el fallo del Supremo en libertad. Aunque fueron detenidos a la mañana siguiente de los hechos, el 7 de julio de 2016, y permanecieron casi dos años en prisión provisional, la Audiencia de Navarra acordó dejarlos en la calle en junio de 2018. Ninguno de ellos viajará a Madrid porque no tienen que asistir a la vista en el Supremo y dado que las condiciones de su libertad se lo impiden, por ser el lugar de residencia de la víctima.

Si el Supremo vuelve a fijar una condena por abusos sexuales, tendrían que volver a prisión a terminar de cumplir la condena de 9 años. Podrían solicitar entrar en una cárcel de su Comunidad y tendrían que cumplir al menos la mitad de la pena para poder empezar a obtener beneficios penitenciarios. En caso de que sean condenados finalmente por agresión sexual, faltaría saber a cuánto eleva la pena el Supremo. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 18 años de prisión.