El sistema nacional de asilo está colapsado. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) lo viene denunciando desde hace tiempo pero la situación, lejos de mejorar, está empeorando. Si 2018 se cerró con cerca de 79.000 expedientes pendientes de resolver, casi seis meses después esa cifra supera las 100.000, según los datos que maneja la organización. En concreto, a 31 de marzo, eran 102.890.

Uno de esos solicitantes a la espera de respuesta es Souleymane Barry. Este joven de Guinea Conakry llegó a España el 4 de julio. Él fue uno de los 60 inmigrantes que desembarcaron en el puerto de Barcelona desde el buque de Proactiva Open Arms después de cuatro días de travesía por el Mediterráneo. Souleymane, de 24 años, había dejado su hogar en 2015 y, tras cruzar Mali, Burkina Faso, Níger y Argelia, llegó a Libia, donde permaneció dos años trabajando en condiciones de esclavitud antes de subirse a una patera para llegar a Europa. "Allí en Libia si enfermaba no podía ir al hospital por ser negro", ha contado este martes durante la presentación del informe anual de CEAR sobre las personas refugiadas.

El evento ha tenido lugar en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, en un salón de actos repleto por representantes del Ministerio de Interior, el Ministerio de Trabajo, el Ayuntamiento de la capital, diversas ONG, diputados de PSOE y Unidas Podemos y miembros de sindicatos y de universidades. Ante ese auditorio, la directora de la entidad, Estrella Galán, ha agradecido públicamente su asistencia a los miembros de Interior, que "por primera vez han tenido la valentía de acudir a recibir la información de un informe que muchas veces se convierte en críticas". "Eso demuestra el gesto de diálogo abierto con este nuevo Gobierno", ha aplaudido.

Esas críticas a las que se ha referido Galán pasan por las dificultades en el acceso al sistema de protección internacional existentes en muchos territorios y por los largos periodos de espera para formalizar las peticiones. Si el año pasado fueron admitidas a trámite 54.065, lo que supuso un incremento del 73% y un nuevo récord, en los cinco primeros meses de este ejercicio se han presentado más de 46.500. Venezuela, con 16.846, continúa siendo el país del que más expedientes llegan. "Parece que la protección especial para los venezolanos que no cumplen los requisitos de la Convención de Ginebra ha empezado a concederse a lo largo de 2019", ha destacado como dato positivo Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de CEAR.

La comisión valora positivamente la iniciativa del Ejecutivo de poner en marcha recursos y centros para dar una mejor recepción y acogida a las personas que llegan a las costas españolas así como los "importantes gestos iniciales" que supusieron la aceptación de las embarcaciones de rescate rechazadas por Italia y Malta. Lamenta sin embargo que después, desde el mismo Gobierno, se pusieran obstáculos a barcos de ONG y se impidiera su labor de rescate durante meses o se recurriera a un acuerdo bilateral con Marruecos de 1992 para realizar las llamadas devoluciones exprés. Ante ese escenario, la entidad reclama que se recupere el espíritu del Aquarius y reitera su propuesta de un Pacto de Estado por el Asilo, basándose en los pactos mundiales sobre migración y refugio ratificados por España en diciembre.

Cierre de fronteras

La organización aboga por aquel primer enfoque de hace un año en materia de políticas migratorias y reivindica que España lidere ante la UE una nueva forma de gestionar esta tragedia, sin centrarse únicamente en el control de fronteras. "Europa cerró aún más sus fronteras a las personas refugiadas, puso obstáculos a quienes salvan vidas y en la mayoría de países los discursos xenófobos ganaron terreno en partidos políticos y medios de comunicación", ha advertido su directora. "Los gobiernos deben ser valientes y defender la Europa de los valores y no la que tratan de imponer [Matteo] Salvini [vicepresidente de Italia] y [Viktor] Orban [primer ministro de Hungría]", ha agregado.

Ante el cierre de puertos en Italia y Malta, la solución pasa por "instaurar un mecanismo europeo de desembarco seguro y predecible para que ninguna persona pueda ser devuelta a un país no seguro en el que su vida pueda correr peligro, en base al principio de no devolución". A ello se suma "una reubicación de los rescatados entre los miembros de la UE".

Cuatro décadas de refugio

Tras la presentación del informe, CEAR, que se encuentra celebrando su 40 aniversario, ha estrenado un documental dirigido por Silvia Venegas. A través de diferentes voces, el trabajo realiza un recorrido por estas cuatro décadas de protección internacional, por la labor de la entidad y por su papel a la hora de "tratar de convertir a España en tierra de asilo".

El presidente, Carlos Berzosa, ha aprovechado la ocasión para destacar la tarea de una organización que no solo ayuda de forma integral a los refugiados, sino que "denuncia la posible violación de los derechos humanos que se producen" y "trata de crear conciencia social".

"Vivimos malos tiempos para el asilo y el refugio. Los grupos extremistas están entrando en las instituciones y hacen una política ante la que va a ser más difícil defender los derechos humanos. Os pedimos al resto de representantes valentía para que sus voces no acallen las nuestras", ha concluido Galán, después de hacer hincapié en el hecho de que los españoles pueden volver a tener que emigrar. "No hay que olvidar el cambio climático y cómo va a afectar a los países del sur. España se puede ver muy perjudicada", ha advertido.