En este tiempo, cinco municipios ya han remitido dichos datos a instancias de la Administración autonómica, debido a que el Gobierno gallego ejerce las competencias en materia de tutela financiera de los entes locales, como establece el Estatuto de Autonomía.

Según recoge la Xunta en un comunicado, en lo que se refiere a la información solicitada por la Consellería de Facenda, de los 37 ayuntamientos a los que se les solicitó, ocho están en la provincia de A Coruña (Cabanas, Cerceda, Dumbría, Ferrol, Fisterra, Sada, San Sadurniño y Trazo), mientras que también ocho en Lugo (Antas de Ulla, Outeiro de Rei, Palas de Rei, A Pastoriza, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín y Triacastela).

Otros 19 corresponden a la provincia de Ourense (Amoeiro, Baños de Molgas, Os Blancos, Castrelo de Miño, Castro Caldelas, Lobeira, Maceda, Manzaneda, Melón, A Merca, Muíños, Petín, Pontedeva, Rairiz de Veiga, A Rúa, San Cristovo de Cea, Sarreaus, Verín y Vilardevós), mientras que los dos restantes en Pontevedra (Dozón y A Illa de Arousa).

En cuanto a la información remitida por las entidades locales, en el primer trimestres del año solo cinco ayuntamientos ya la han remitido, que son Cerceda, Quiroga, Lobeira, Maceda y Vilardevós.

Asimismo, tres entidades facilitaron información sin requerimiento previo: Poio (Pontevedra), que remitió información sobre un acuerdo de no disponibilidad de crédito, mientras que la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra) entregaron datos sobre informes de morosidad.

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