Así lo ha acordado la magistrada en un auto fechado este pasado jueves y contra el que cabe recurso en un plazo máximo de cinco días. Estas diligencias estaban abiertas por la posible comisión de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y se ha archivado provisionalmente a petición de los acusados, la Abogacía del Estado -que representaba a otros de los hasta ahora imputados- y con la adhesión de Fiscalía y frente a la oposición de la acción popular, el PP y diputados del grupo 'popular' en Les Corts.

La jueza concluye que "no resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos". En todo caso, la instructora ha acordado remitir las actuaciones llevadas a cabo en la investigación al Tribunal de Cuentas por si existiese responsabilidad contable.

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