Fernando Berberena
Fernando Berberena AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

Entre los 12 acusados se encuentra el ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, para el que pide la pena la pena de 2 años y 9 meses de prisión y 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación en concurso ideal con otro de fraude al facilitar que el Pleno aprobase el ilícito acuerdo sobre los pactos y cláusulas contenidas en el convenio urbanístico.

Además, el Ministerio Público considera al director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, autor de un delito continuado de cohecho

y de otro delito de cohecho en concurso ideal con tráfico de influencias e inducción a la malversación de caudales públicos por los que procede imponerle diez años y medio de prisión. Asimismo el Fiscal solicita para Guerra una multa de 96.972 euros.

En concreto, el Ministerio Público considera que Guerra es coautor/inductor en el delito de malversación y cooperador necesario en la falsedad al "aceptar la inclusión de los mendaces informes de valoración del 10% en el expediente de convenio y coautor del delito de fraude y partícipe como cooperador necesario en el delito de prevaricación sobre los pactos y claúsulas contenidas en el convenio urbanístico y por la falta de control del presupuesto y del control posterior del gasto de la rehabilitación del Casino de Murcia.

El Fiscal también pide penas que suman seis años y medio de prisión para el también ex jefe de Urbanismo, Ángel Lajarín, por un delito de inducción a la malversación de caudales públicos por irregularidades en la gestión del expediente para rehabilitar el Casino de Murcia.

Asimismo, el ex jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver, afronta penas que suman siete años de cárcel como autor del delito de falsedad en documento público y coautor posterior del delito de fraude sobre la cláusula del 10% mantenida en el plan parcial.

Por otro lado, el Fiscal pide 18 años y 9 meses de cárcel para el ingeniero Renato del Noce, presunto intermediario y conseguidor, por los delitos de cohecho y malversación de caudales, así como por delitos fiscales en concurso con falsedad documental.

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