Trabajadores de Salvamento Marítimo, que trabajan para la empresa de Babcock España y que llevan en huelga desde finales de mayo en protesta por la intención de la empresa de recortarles su salario, han ofrecido una rueda de prensa en Asturias en la que exigen una solución a su problema. No obstante, han explicado que en los últimos días la compañía se ha puesto por fin en contacto con ellos y que esperan que pronto haya "buenas noticias".

Babcock España es la compañía que tiene subcontratada Salvamento Marítimo, que depende del Ministerio de Fomento. Son rescatadores, técnicos, pilotos y personal administrativo. En una rueda de prensa en la que han estado acompañado por diputados asturianos de Podemos, han comparecido el piloto de helicóptero Ignacio Olmos y el rescatador Guillermo Díaz.

Han admitido que, en la práctica, su huelga prácticamente no tiene consecuencias, porque les han impuesto unos servicios mínimos del 99 por ciento. El conflicto, según han explicado, surgió porque la empresa quiere recortarles su salario en un 13 por ciento y hasta en un 30 por ciento en otras prestaciones. Son unos 1.200 trabajadores en toda España, unos 30 en Asturias. Cuando se les ha preguntado por las cantidades que cobran aproximadamente, han eludido dar una respuesta.

Han insistido en que se trata de una cuestión de "dignidad" y han comentado que su reivindicación va más allá de lo salarial, añadiendo que sería necesario un nuevo convenio para el sector. De momento, consideran "aberrantes" las cantidades que se les pretende pagar y dicen que existe el riesgo de que los profesionales se vayan a otros países. El problema de fondo, han apuntado, estriba en que las empresas van a la baja con sus precios en los contratos públicos. Eso lo terminan pagando los trabajadores y, a la larga, la ciudadanía, argumentan.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Junto a los dos trabajadores han comparecido en la mencionada rueda de prensa los diputados asturianos de Podemos Daniel Ripa y Nuria Rodríguez.

Según ha alertado Rodríguez, la situación que se ha generado con esta empresa privada es un episodio más de la "precarización" que se está produciendo en sectores que son importantes para la ciudadanía y, en este caso, en algo tan esencial como el servicio de rescates.

"No podemos tolerar que empresas privadas gestionen servicios fundamentales, y encima a precio de coste", ha protestado Rodríguez. Por ello, ha anunciado que una de sus primeras iniciativas en esta legislatura será impulsar una declaración institucional para exigir al Gobierno una solución a este problema. "Esperamos que se sumen todos los partidos", ha emplazado.