Casi una de cada cinco personas -8,5 millones- se han quedado descolgadas de la recuperación económica en España desde la última crisis y se encuentran en una situación de exclusión social, según el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social publicado este miércoles por Cáritas y la Fundación Foessa.

Dificultades para acceder a una vivienda digna, desempleo persistente, precariedad laboral extrema e invisibilidad para los partidos políticos son algunas de las características compartidas por todas las personas socialmente excluidas en España, 1,2 millones más que en 2007, justo antes del inicio de la crisis.

La situación reflejada en el informe, con datos de 2018, muestra una clara mejora respecto a 2013, cuando las consecuencias de la crisis estaban en su punto álgido, aunque sigue sin alcanzar los estándares de 2007.

Sin embargo, no toda la exclusión social es atribuible a la crisis. Según el informe, "la crisis iniciada en 2008 intensificó algunos de estos procesos, pero la mayoría de ellos son tendencias preexistentes y que tienen carácter estructural".

Cáritas y la Fundación Foessa alertan sobre "el conflicto, la inseguridad y las dificultades para la convivencia y el bienestar colectivo" que este fenómeno puede tener como consecuencia.

Uno de los efectos más visibles de la crisis ha sido el agravamiento de la dificultad para acceder a una vivienda. Este aspecto se ha reflejado particularmente en la vivienda en alquiler, una modalidad históricamente marginal en España, que no ha hecho más que crecer en la última década ante la falta de liquidez del sistema financiero, generando una escalada de precios.

El informe señala que "los hogares que acceden a la vivienda a través de este régimen son, generalmente, socioeconómicamente más vulnerables", lo que se refleja en que un 40% de los hogares que sufren exclusión moderada o severa viven en alquiler.

Íntimamente relacionado con el acceso a la vivienda, el informe subraya la situación de emergencia que viven los hogares sin recursos suficientes para alcanzar un «confort térmico» en su interior o para satisfacer las necesidades energéticas básicas, como la iluminación, la cocina o el agua caliente. Un 16,6% de los hogares no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

El desempleo ha sido tanto el indicador más claro de la dureza de la crisis como de la posterior recuperación tras pasar de un 27% a menos de un 15%. Sin embargo, la caída en el paro vivida en los últimos años no se ha distribuido por igual y, sobre todo, las condiciones de los nuevos puestos de trabajo distan mucho de las de los de antes de la crisis.

La precariedad laboral en sus diversas formas ha hecho cada vez más habitual la figura del trabajador pobre y excluido activo. El 15,1% de los hogares sufren una inestabilidad laboral grave –hogares en los que la persona principal ha pasado por seis o más contratos o por tres o más empresas o ha estado tres o más meses en desempleo durante el último año–, situación que afecta más a los hogares más vulnerables.

El aumento en la esperanza de vida y los cambios en las pautas reproductivas están provocando un envejecimiento de la población en España y el conjunto de Europa que se acentuará en las próximas décadas.

Entre las consecuencias de este proceso se incluye un aumento en la demanda de cuidados , que ya alcanza al 33,7% de los hogares. Estos cuidados son mayoritarimente asumidos por mujeres de la familia que no reciben remuneración –un 64% de los casos–, particularmente en hogares que no se pueden permitir la contratación de servicios de cuidados externos.

La escasez o inexistencia de vínculos familiares –una circunstancia que se producirá más a menudo en el futuro– sitúan , por tanto, a numerosas personas en riesgo de vulnerabilidad si no pueden afrontar los costes de unos cuidados mercantilizados.

El informe dedica también un capítulo a la situación específica de exclusión de la mujer. Entre las distintas causas detectadas en el informe para la desigualdad de género, destacan la brecha salarial y de prestaciones, su mayor riesgo de empobrecimiento y su acceso más precario a la vivienda.

Una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. Si se trata de una mujer inmigrante, necesita 2 horas más, lo que refleja una doble situación de vulnerabilidad para este colectivo.