En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público inculpa a C.G.R. de cuatro delitos. En concreto, le acusa de dos delitos societarios, por los que pide una pena de un año de cárcel por cada uno, y de dos delitos de apropiación indebida, por los que reclama una pena de un año de prisión por cada uno de esos delitos así como una multa de seis meses con cuota diaria de diez euros.

Igualmente, la Fiscalía indica que otras dos personas, cuyas iniciales responden a P.D.E. y a A.D.M., actuaron en connivencia con C.G.R. y les acusa de un delito societario, por el que solicita para ellos una pena de un año de prisión, así como de un delito de apropiación indebida, por el cual reclama para ambos procesados una pena de un año de cárcel y una multa de seis meses con cuota diaria de diez euros.

Asimismo, el Ministerio Fiscal señala que también participaron en la trama los investigados J.L.D.M. y J.J.M.B.E. a quienes les acusa de un delito de apropiación indebida y por el pide para ambos una pena de un año de cárcel y una multa de seis meses con cuota diaria de diez euros.

En cuanto a la responsabilidad civil de los acusados, la Fiscalía señala que todos los acusados deben responder conjuntamente y solidariamente con 496.000 euros. En ese aspecto, indica que A.D.M. responderá hasta 200.000 euros, que C.G.R. responderá hasta 158.000 euros y que P.D.E. responderá hasta 20.000 euros.

LOS HECHOS

En su exposición de los hechos, el Ministerio Público señala que C.G.R., actuando en su condición de administrador solidario de la empresa A y "de acuerdo" con P.D.E y A.D.M. "tramaron un plan" para hacerse "en perjuicio" de la empresa A con "la mayoría de las participaciones" en la empresa B de las que era propietaria la referida empresa A.

De esta manera, tal y como continúa el escrito de la Fiscalía, "aparentaron una venta de 1.800 participaciones" de los que era propietaria en la empresa B, la acusada P.D.E., quien "para asegurar el carácter de federaría de la venta" firmó un documento privado en la que revendía a A.D.M., "al mismo precio que las había comprado", las 1.782 de las 1.8000 participaciones adquiridas. "De esa forma se despojó a la empresa A de dichas participaciones y por ende de su mayoría en el Consejo de la empresa B", añade.

Así, en marzo de 2011, C.G.R. vendió las 1.746 acciones que le restaban de la empresa B a A.D.M. "que quedó así propietario" de la empresa B, para luego, en diciembre de ese año, presentar al Registro Mercantil de Sevilla las cuentas de las sociedad mercantil que administraba y "que por no coincidir con los libros de cuentas de la misma, no reflejaban en absoluto la verdadera situación de la empresa A".

Por otra parte, indica la Fiscalía en su escrito, A.D.M. en representación de la empresa A recibió en metálico de una tercera sociedad mercantil unos 50.000 euros, que ésta devolvía al frustrarse una operación de compraventa de una estación de servicio, y "lejos de ingresarlos en la mercantil se los apropió en su beneficio".

Ya en marzo de 2012, la Junta General de la empresa A acepta la dimisión de C.G.R. y se conforma en Consejo de Administración donde es nombrado como presidente J.L.D.M. quien ordenó, en el mes de junio y "a pesar de renunciar a su cargo", a J.J.M.B.E., "que tenía posibilidades de disponer de las cuentas de la sociedad", que transfiriera, de manera repartida, un total de 496.000 euros de la empresa A a J.L.D.M., a A.D.M., a C.G.R. y a P.D.E., cantidades "que hicieron suyas los receptores aduciendo que eran préstamos que previamente habían efectuado a la empresa A".