Tras realizar una investigación, la Institución insta a prestar "especial atención" a la selvicultura y los tratamientos silvícolas, más que incidir de forma "preponderante y desproporcionada" en aparatos logísticos de extinción de incendios.

Además, ha llegado a un conjunto de conclusiones que ha remitido tanto al Ministerio de Agricultura como de las comunidades autónomas para que emitan sus consideraciones antes de que el Defensor emita una resolución definitiva.

En este contexto, expone que "prácticamente todas" las comunidades autónomas tienen planes de protección contra incendios forestales pero ve que el papel que en unas y otras comunidades autónomas se otorga a la prevención es "de lo más variopinto" y que estos planes no son homogéneos.

Precisamente, la prevención de incendios forestales motivó una queja iniciada con el Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas y las comunidades autónomas y el Defensor del Pueblo ha concluido que en el noroeste es donde más incendios y más daños producen los incendios.

En concreto, le "sorprende" el caso de Asturias, que ha sido una región "duramente castigada" por el fuego, tanto por número de incendios como por la superficie afectada especialmente de matorral y monte bajo, que el año pasado superó a la superficie afectada de toda la Comunidad de Castilla y León.

El análisis realizado por la Institución que preside Francisco Fernández Marugán advierte del aumento en los últimos años tanto de la frecuencia como en intensidad y alerta de los "superincendios" cuya extensión es "nunca vista" y llegan a provocar incluso cambios en la climatología.

Así, este tipo de incendios provoca tormentas de fuego o ígneas por que son "de tal intensidad" que crean su propio sistema de ventilación, lo que hace "extremadamente difícil su control y posterior extinción".

De hecho, considera que la causa última de esto es el cambio climático, por el incremento de las temperaturas y la sequedad del ambiente. También refleja el Defensor otras causas de carácter social como la despoblación rural, que ha provocado el abandono del aprovechamiento de los recursos forestales que antes se usaba como combustible.

Tras este análisis, el Defensor insiste en la necesidad de "prever actuaciones de lucha contra el cambio climático" y sus consecuencias en el ámbito forestal en general, y en el de la prevención de incendios forestales en particular.

De este modo, insta a prestar "especial atención" a la selvicultura y los tratamientos silvícolas, más que incidir de forma preponderante y desproporcionada en aparatos logísticos de extinción de incendios (personal, equipamiento, hidroaviones, infraestructuras, etcétera).

Además, considera "clave" que la prevención se enmarque de forma global en la protección civil y aconseja que las administraciones públicas establezcan unos "criterios mínimos" para la elaboración de planes de protección civil de emergencia por incendios forestales, dado que puede haber un posible interés "nacional" o "supra autonómico".

Por otro lado, observa que la información que facilita el Ministerio de Agricultura "no coincide" con la que le aportan varias comunidades autónomas. De hecho, destaca que algunas comunidades dicen tener convenios con otras que, sin embargo, aseguran no haberlos firmado.

También añade que en estos convenios hay cierta confusión entre "prevención y extinción" y por tanto, el Defensor ha sometido sus conclusiones a la valoración del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas para que den su parecer antes de emitir una resolución definitiva.