De ellos, 122 han sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), las ejecuciones hipotecarias suman 49 y la cifra restante obedece a otros asuntos.

Estos y otros datos figuran en el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este lunes.

Por provincias, en Badajoz se han practicado 140 lanzamientos, de los cuales 94 corresponde a impago de alquiler; y en Cáceres un total de 44, de los cuales 28 corresponden a lanzamientos derivados de la ley de Arrendamientos Urbanos.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha registrado, por su parte, 99 ejecuciones hipotecarias, lo que supone un 34 por ciento menos con respecto al primer trimestre de 2018.

La cifra de concursos presentados no ha variados y se han registrado 14 al igual que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado el TSJEx en nota de prensa.

DEMANDAS DE DESPIDO

Por su parte, el número de demandas por despido ha sufrido un descenso del 10,4 por ciento en el primer trimestre del año y se quedan en 363. Por provincias en Badajoz se han registrado 246 demandas por despido y en Cáceres 117.

En cuanto a las reclamaciones de cantidad también se ha producido un descenso en estos primeros tres meses del año con respecto al mismo periodo del año anterior y se fijan en 452 reclamaciones, lo que supone un descenso del 18,1 por ciento.

Los procedimientos monitorios, por último, se han incrementado en un 29,9 por ciento, pasando de los 3.059 del primer trimestre de 2018 a los 3.975 de este año.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los lanzamientos por impago del alquiler han experimentado un aumento del 5,2 por ciento en el primer trimestre del año, mientras que los derivados de las ejecuciones hipotecarias han bajado un 19,2 por ciento.

Así se desprende del informe realizado por el CGPJ, que muestra que el número de lanzamientos practicados durante el primer trimestre de 2019 alcanzó la cifra de 15.065, lo que supone un descenso global del 2,2 por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado.

El 65,9 por ciento de ellos (10.224) ha sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 27,9 por ciento (4.341) se ha derivado de ejecuciones hipotecarias. Los 994 lanzamientos restantes han obedecido a otras causas.

El número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias ha vuelto a experimentar un descenso interanual, en este caso del 19,2 por ciento. De este modo, se acumulan 15 trimestres consecutivos en los que se produce un descenso de los lanzamientos hipotecarios.

Por su parte, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos mantienen su tendencia al alza al aumentar un 5,2 por ciento en relación con el primer trimestre de 2018.

CATALUÑA, LA REGIÓN CON MÁS DESAHUCIOS

Como en trimestres anteriores, Cataluña (con 3.557, que representan el 22,9% del total nacional) ha sido la comunidad autónoma en la que se han practicado más lanzamientos en el primer trimestre. Le siguen Andalucía (2.499), la Comunidad Valenciana (2.119) y Madrid (1.730).

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar vuelve a situarse Cataluña (con 2.335, el 22,8% del total), seguida por Andalucía (1.422), (1.365) y Comunidad Valenciana (1.254).

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía (914), seguida por Cataluña (826), Comunidad Valenciana (787) y Murcia (417).

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque el CGPJ advierte de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato "permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos". Además, explica que "el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado".

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre ha sido de 19.913, un 5,6 por ciento más interanual. De ellos, 11.625 han terminado con cumplimiento positivo (+3,6%).

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas, han arrojado la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2006, ya que se han contabilizado 5.092 (-26,2%).

La comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas ha sido Cataluña con 1.092, el 21,4 por ciento del total nacional; le han seguido Andalucía, con 1.065; la Comunidad Valenciana, con 706; Madrid, con 415; y Murcia, con 291.

Por último, los datos de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas reflejan que en el primer trimestre han ingresado 901 demandas, de las que se han resuelto 647. El mayor número de ellas (265, que representan el 29,4% del total nacional) se ha dado en Cataluña. Le siguen Andalucía (134), Comunidad Valenciana (122) y Madrid (100).

DEMANDAS POR DESPIDO

En cuanto a las demandas por despido presentadas ante los Juzgados de lo Social durante el primer trimestre han aumentado un 7 por ciento respecto al mismo periodo de 2018, hasta sumar 29.511, su cifra más alta en cinco años.

Madrid, con el 19,9 por ciento del total nacional, es la comunidad autónoma en la que se han presentado más demandas de este tipo en el primer trimestre, con 5.869, seguida de Andalucía (4.422, el 15% del total) y Comunidad Valenciana (2.903, el 9,8% del total).

Además, los Juzgados de lo Social han registrado en el primer trimestre 34.203 reclamaciones de cantidad, un 9 por ciento más que en igual periodo de 2018. De ellas, 7.062 se han presentado en Madrid (20,6% del total), 5.732 en Andalucía y 4.013 en Cataluña.

El informe del CGPJ señala que los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción han ascendido a 194.715, lo que supone un incremento interanual del 28,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2018.

Aunque la mayor utilización de este tipo de procedimiento se ha registrado en Andalucía (40.679), Madrid (30.235) y Cataluña (28.656), todos los tribunales superiores de justicia experimentaron incrementos interanuales.

En cuanto a los monitorios europeos, en el primer trimestre de 2019 se han presentado 2.852, de lo que 793 correspondieron a Madrid y 603 a Cataluña, de acuerdo con las cifras del CGPJ.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.