Según detalla la Agencia Tributaria en una nota de prensa, la organización criminal estaba asentada en Cádiz y Sevilla, desde donde distribuía enormes cantidades de droga embarcada en contenedores marítimos en Hispanoamérica, y de estas 32 personas 25 han ingresado en prisión preventiva.

También se han intervenido un total de 4.844 kilos de cocaína, 43 vehículos, cuatro embarcaciones siendo una de ellas de 43 metros de eslora, cuatro armas cortas, dos escopetas, uno silenciador y seis millones de euros en efectivo, así como se han inmovilizado 87 propiedades inmobiliarias por valor de 16 millones de euros y se han intervenido seis millones de euros en metálico.

Esta operación se remonta al primer trimestre de 2017, cuando se conoció de la existencia de una organización sospechosa de introducir en la península grandes partidas de cocaína a través de contenedores procedentes de Sudamérica y Centroamérica para ser distribuida una vez superados los diferentes controles aduaneros.

Una vez analizada la información en poder de Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria, se coordinó la explotación operativa en tres fases, en cada una de las cuales se ha atacado a las diferentes estructuras que conformaban la organización hasta conseguir la plena desarticulación tanto de su estructura operativa como de la directiva y financiera.

En una primera fase, las pesquisas condujeron hasta un empresario afincado en Barcelona y titular de un entramado societario en España y Brasil, que facilitaba el establecimiento de contactos para la negociación en origen de importantes partidas de cocaína que estaban siendo introducidas en territorio español a través del puerto de Algeciras.

El control ejercido sobre el investigado provocó la detección a finales de diciembre de 2017 movimientos sospechosos de varios vehículos entre el citado puerto y dos naves industriales de Marbella (Málaga). Así pues, los agentes interceptaron una furgoneta con 1.100 kilogramos de cocaína en numerosos paquetes, en vista de lo cual se extendió el registro a las naves industriales, donde localizaron otros 2.400 kilos y realizaron cinco detenciones, en la que han calificado como "una de las mayores incautaciones de cocaína realizadas en España fuera de recinto portuario".

La segunda fase estuvo marcada por el incremento de las precauciones, ya de por sí elevadas, del resto de investigados, llegando a la práctica paralización de las actividades de la organización en los meses siguientes a las detenciones realizadas, punto en el que los investigadores focalizaron sus esfuerzos en descubrir el funcionamiento de la estructura periférica de la organización, tanto de los negociadores y representantes en el extranjero como de sus distribuidores en la península.

La red criminal resultó estar fuertemente deslocalizada entre numerosos países de Centroamérica y Sudamérica, así como por multitud de provincias españolas, entre las que destaca el entramado inmobiliario que poseían en Málaga, Cádiz, Madrid y Sevilla, siendo mayoritariamente en la capital andaluza donde se custodiaba la droga hasta su distribución final.

Una vez identificados todos los integrantes de la organización a comienzos de enero de 2019, por orden del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se llevó a cabo la ejecución operativa de la segunda fase, de manera que se detuvo a 18 personas y se realizaron 26 registros en los que se incautaron más de cinco millones de euros en efectivo, 90 kilogramos de cocaína, uno de heroína, cinco armas de fuego, una embarcación de lujo de 43 metros de eslora y numerosas evidencias que permitieron la imputación de los detenidos por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

DETENCIÓN DEL CABECILLA

Los meses dedicados a la investigación del grupo criminal permitieron establecer una composición clara de su organigrama, delimitar los roles de todos sus integrantes y definir con claridad las diferentes estructuras que la conformaban. Reparando finalmente en el entramado dedicado a extraer la mercancía ilícita de las dependencias portuarias y transportarla hasta los distintos almacenes y domicilios de seguridad establecidos principalmente en las provincias de Málaga y Sevilla.

Dentro de esta rama de la organización, destacaba la figura de un empresario gaditano afincado en Sotogrande, pieza clave en la distribución y logística de las actividades ilegales. A principios de marzo de 2019 se detuvo a este cabecilla junto a ocho integrantes más, en el transcurso de los diez registros llevados a cabo en la provincia de Cádiz, concretamente en Sotogrande, Algeciras y Alcalá de los Gazules.

Fueron intervenidos un total de 1.254 kilogramos de cocaína, más de 800.000 euros en efectivo, un arma de fuego, una embarcación, numerosos vehículos de alta gama y se bloquearon 17 inmuebles con un valor superior a los seis millones de euros y 103 vehículos, bajo la titularidad de los detenidos y de las numerosas empresas que administraban.